La parlamentaria por el Distrito 12 e integrante de la Comisión de Salud pidió esclarecer la persecución penal contra quienes destruyeron dependencias del Cesfam Raúl Silva Henríquez y cuestionó por qué no se reforzó preventivamente su seguridad. El recinto, que cuenta con 36.853 usuarios inscritos en Fonasa, debió suspender sus atenciones tras el ataque ocurrido en medio de protestas por el próximo desalojo de Villa El Volcán II.
La diputada por el Distrito 12 e integrante de la Comisión de Salud, Macarena Santelices (Indep-UDI), cuestionó las medidas de seguridad adoptadas antes del ataque que durante la noche del jueves afectó al CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez, en Bajos de Mena, Puente Alto. Cerca de ocho sujetos ingresaron por la fuerza al establecimiento después de una jornada de protestas vinculadas a la notificación del próximo desalojo de Villa El Volcán 2, destruyendo computadores, ventanales y mobiliario y obligando a suspender las atenciones durante este viernes. Los daños fueron estimados preliminarmente en cerca de $30 millones.
“El ataque al CESFAM Raúl Silva Henríquez en Puente Alto deja dos interrogantes. Primero, la persecución penal de quienes atacan a un CESFAM, dejando sin atención médica a miles de familias”, señaló Santelices. En esa línea, agregó: “Y segundo, ¿por qué las autoridades pertinentes no tomaron todas las medidas necesarias para resguardar un recinto de salud de alto riesgo que ya ha sido atacado en reiteradas oportunidades, en una situación que estaba advertida hace ya meses, como es el desalojo de Villa El Volcán 2?”.
El episodio afecta a uno de los recintos con mayor demanda de la red comunal. Según el Plan de Salud de Puente Alto, el CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez contaba con 34.999 usuarios inscritos validados por Fonasa en 2024, mientras los instrumentos comunales más recientes describen al establecimiento como un centro con alta carga asistencial y problemas de saturación de infraestructura. El alcalde Matías Toledo afirmó, además, que el municipio había advertido durante la jornada la necesidad de reforzar la seguridad en el sector ante posibles incidentes vinculados a las notificaciones de desalojo.
No es la primera vez que el recinto enfrenta una situación de extrema violencia. En septiembre de 2024, tras una balacera de más de 150 disparos en Bajos de Mena, sujetos armados llegaron hasta el CESFAM y amenazaron a funcionarios mientras atendían a personas heridas, lo que obligó a suspender prestaciones y posteriormente llevó a establecer presencia policial fija y reforzar las medidas de protección del establecimiento. Incluso la Comisión de Salud de la Cámara solicitó ese año antecedentes sobre la inseguridad que afectaba a los trabajadores del recinto y las coordinaciones adoptadas para prevenir nuevos hechos.
El debate también se produce bajo la vigencia de la Ley 21.188, conocida como “Consultorio Seguro”, que elevó las sanciones por amenazas y lesiones contra profesionales y funcionarios de establecimientos de salud y estableció la obligación de denunciar delitos cometidos al interior de estos recintos. La normativa también faculta a las autoridades de los establecimientos para requerir medidas de seguridad que permitan mantener su normal funcionamiento.
