A siete años del 18 de octubre de 2019, Chile continúa sin un relato compartido sobre lo ocurrido. Para algunos fue un despertar ciudadano; para otros, un intento de quiebre institucional. Una evaluación honesta exige reconocer tres hechos: existió un malestar social real y fundado; la violencia no fue una consecuencia inevitable de ese malestar; y la respuesta estatal registró hechos graves que deben esclarecerse, sin que ello permita calificarlos como sistemáticos.
El alza de treinta pesos en la tarifa del Metro fue el detonante, no la causa. Detrás había problemas acumulados durante décadas: bajas pensiones, endeudamiento para financiar salud y educación, una clase media vulnerable a cualquier imprevisto y la percepción de que las reglas no se aplicaban por igual. Las colusiones empresariales y los casos de financiamiento irregular de la política contribuyeron a erosionar la confianza en las instituciones.
El progreso económico alcanzado durante la transición generó expectativas que no siempre fueron satisfechas. En ese contexto, el sistema político no logró canalizar oportunamente las demandas ciudadanas, responsabilidad que no desaparece por el solo hecho de condenar la violencia.
Junto a manifestaciones masivas y pacíficas hubo también incendios de estaciones de Metro, saqueos a comercios, ataques a iglesias y cuarteles policiales. Frente a ello, parte de la dirigencia política optó por la ambigüedad: relativizó la destrucción, romantizó a la llamada “primera línea” y utilizó la crisis para impulsar objetivos políticos. Esa actitud otorgó a la violencia una legitimidad que nunca debió tener.
Nada de lo anterior, sin embargo, justifica los excesos policiales. El INDH registró cerca de 460 personas con lesiones oculares durante los primeros meses de la crisis. Aunque también hubo numerosos funcionarios de Carabineros heridos, el Estado está obligado a actuar bajo estándares superiores porque detenta el monopolio legítimo de la fuerza.
Es importante ser precisos. Hubo vulneraciones graves de derechos que deben investigarse y sancionarse. Sin embargo, no existen antecedentes concluyentes para sostener que hubo una política sistemática de violación de derechos humanos impulsada por el gobierno de la época. Confundir ambos planos no contribuye a la reparación de las víctimas ni al esclarecimiento de las responsabilidades efectivas.
La salida institucional derivó en dos procesos constituyentes rechazados por la ciudadanía. Mientras tanto, la seguridad pasó a ser la principal preocupación de los chilenos y el debate político se desplazó hacia la recuperación del orden público.
Quizás la pregunta pendiente es quién pagó los mayores costos. Estaciones de Metro destruidas, comercios de barrios populares saqueados y miles de pymes afectadas impactaron principalmente a sectores vulnerables y de clase media. La paradoja del 18-O es que una movilización impulsada por la desigualdad terminó perjudicando con mayor fuerza a quienes buscaba beneficiar.
Las deudas sociales que el estallido visibilizó siguen presentes. Pero legitimar la violencia como herramienta de cambio termina debilitando la democracia y el Estado de Derecho. Superar las fracturas que dejó este episodio exige rechazar sin matices la violencia, venga de la calle o del abuso estatal, y avanzar en acuerdos que permitan mejorar la vida de las personas sin erosionar las instituciones que sostienen nuestra convivencia democrática.
