El Gobierno ingresó este lunes a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que reforma el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), proponiendo cambios en su estructura, atribuciones y mecanismos de gobernanza. Entre las principales modificaciones se contempla reducir de 11 a 5 los integrantes de su Consejo y eliminar su facultad para presentar querellas criminales.
La iniciativa modifica la Ley N°20.405, que regula al organismo, y fue derivada a las comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y de Hacienda para iniciar su tramitación legislativa.
En materia judicial, el proyecto propone que el INDH deje de interponer querellas penales y que, en su reemplazo, pueda denunciar ante los organismos correspondientes los hechos que pudieran constituir delitos. La propuesta mantiene, sin embargo, sus facultades para presentar recursos de protección y amparo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, explicó que el objetivo es reforzar el carácter consultivo del Instituto y sostuvo que la persecución penal corresponde constitucionalmente al Ministerio Público.
La reforma también incorpora expresamente la posibilidad de que el INDH participe como amicus curiae, mediante informes técnicos especializados en causas judiciales relacionadas con derechos humanos. Además, establece que las querellas presentadas antes de una eventual entrada en vigencia de la nueva ley podrán continuar hasta su término.
Respecto de su conducción, la propuesta reduce el Consejo desde los actuales 11 miembros a cinco y disminuye sus períodos de seis a cuatro años, permitiendo una sola reelección consecutiva. El nuevo sistema contempla dos integrantes designados por el Senado, dos por la Cámara de Diputados y un quinto escogido por decanos de facultades de Derecho.
Otro de los cambios centrales es la creación de una Dirección Ejecutiva, que asumiría la representación legal y la gestión administrativa y operativa del Instituto. El cargo sería provisto mediante el sistema de Alta Dirección Pública y tendría una duración de cinco años, con posibilidad de una renovación.
El proyecto también refuerza exigencias de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo contenidos mínimos para el informe anual del INDH y mayores requisitos para las organizaciones de la sociedad civil que integran sus registros.
Finalmente, la reestructuración contempla además reducciones en la dotación regional y en la unidad de protección, con un ahorro fiscal estimado de aproximadamente $3.720 millones anuales una vez implementados plenamente los cambios.
Crédito: aquiyahora.cl
