Siete trabajadores murieron en seis accidentes mineros entre el 23 de septiembre y el 14 de octubre. Cada caso exige explicaciones, pero sobre todo obliga a preguntarse qué se hizo antes para evitarlo. No basta con lamentar cada muerte, hay que entender qué falló y por qué se repite.
La ley es muy clara, el Código del Trabajo obliga a la empresa principal a proteger la vida y la salud de todos quienes trabajan en su faena, incluidos los de contratistas y subcontratistas. La cadena de contratación no puede diluir esa responsabilidad, y cada accidente debe investigarse para determinar si hubo incumplimientos y quién responde por ellos.
Queda además una duda legítima sobre la fiscalización. Si los recursos no alcanzan para inspeccionar las faenas, la prevención pierde eficacia. Fiscalizar no es solo detectar fallas, sino comprobar que se corrijan, y eso exige presencia en terreno y seguimiento. Una inspección que no verifica lo corregido deja abierta la puerta a un nuevo accidente fatal.
La minería es clave para Chile, pero ninguna meta productiva puede estar por encima de la vida de quienes la hacen posible. La seguridad no es un costo que se negocia, sino la condición para producir.
