La parlamentaria solicitó crear la instancia para revisar la administración, financiamiento y fiscalización del programa desde 2024. La ofensiva surge luego de que Contraloría detectara 1.044 beneficiarios que no cumplían los requisitos, vínculos familiares con dirigentes sindicales y deficiencias en los controles y rendiciones.
La diputada por la Región del Biobío Francesca Muñoz (PCCh) presentó una solicitud para crear una Comisión Especial Investigadora de la Cámara que indague las actuaciones del Ministerio del Trabajo, la Subsecretaría del Trabajo y, especialmente, de la Delegación Presidencial Regional en la administración del Programa Inversión en la Comunidad, conocido como ProEmpleo, desde 2024 en adelante. La instancia busca revisar la selección de beneficiarios, transferencia y rendición de recursos, ejecución de convenios y los mecanismos de supervisión y fiscalización utilizados por las autoridades.
La solicitud se sustenta en un Informe de Contraloría Regional del Biobío, que identificó 1.044 beneficiarios que no cumplían los requisitos para permanecer en el programa y 343 personas con vínculos de parentesco con 138 dirigentes sindicales que también eran beneficiarios. Además, el organismo detectó a 813 trabajadores desempeñándose en establecimientos educacionales sin acreditar su idoneidad psicológica y formuló observaciones por controles de asistencia, rendiciones de cuentas y pagos efectuados durante periodos de licencia médica. El ente contralor ordenó procesos disciplinarios y remitió antecedentes al Ministerio Público ante la eventual existencia de ilícitos.
“Estamos hablando de recursos públicos destinados a entregar una oportunidad laboral a personas que realmente lo necesitan, por lo tanto, cada irregularidad tiene que ser aclarada. Cuando Contraloría nos informa que más de mil beneficiarios no cumplían los requisitos y que además existen problemas en la selección, fiscalización y rendición de los recursos, tenemos el deber de ejercer nuestras facultades fiscalizadoras y exigir que se esclarezcan las responsabilidades correspondientes”, sostuvo Muñoz. La diputada agregó que “esta comisión busca proteger a los trabajadores que dependen de ProEmpleo y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, estableciendo las responsabilidades donde las haya”.
Entre los objetivos planteados para la comisión se encuentra revisar cómo ingresaron y permanecieron los beneficiarios, las medidas adoptadas para recuperar eventuales pagos improcedentes y la respuesta de las autoridades frente a las observaciones formuladas por Contraloría desde 2024. También se pretende analizar los procedimientos disciplinarios instruidos y qué cambios se han implementado para evitar que las situaciones detectadas vuelvan a repetirse. “Si hubo negligencias, omisiones o falta de fiscalización, necesitamos saberlo y corregirlo. En una región que necesita empleo, ProEmpleo tiene que ser una herramienta seria, transparente y enfocada en las familias que realmente requieren ese apoyo”, enfatizó Muñoz.
De aprobarse la solicitud, la Comisión Especial Investigadora tendrá un plazo máximo de 60 días para desarrollar su trabajo y estará facultada para sesionar en cualquier punto del territorio nacional. La parlamentaria ya había planteado públicamente la necesidad de investigar las irregularidades detectadas por Contraloría, señalando que la magnitud de los antecedentes hacía necesario que la Cámara ejerciera sus facultades fiscalizadoras.
