La policía de investigaciones (PDI) detuvo a 59 personas durante la operación Veta Roja, un masivo procedimiento para desarticular una presunta organización criminal dedicada al robo y comercialización ilegal de cobre realizado la madrugada de este martes 20 de octubre en la región de O’Higgins.
El operativo contempló el despliegue de más de 300 detectives, allanamientos en distintos inmuebles y diligencias en dependencias de Codelco incluida la mina El Teniente según consignaron BioBio Chile, Emol, Cooperativa y La Tercera.
Las diligencias fueron encabezadas por la Fiscalía de Análisis Criminal de O´Higgins, en coordinación con la Brigada Investigadora de Robos y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI. Los procedimientos se concentraron en las comunas de Rancagua, Machalí, Mostazal y Coya, donde se realizaron múltiples entradas y registros tanto en domicilios como en dependencias vinculadas a la minera estatal.
De acuerdo con antecedentes difundidos por Cooperativa, la red investigada habría sustraído cobre desde instalaciones de Codelco y cableado perteneciente a empresas eléctricas, para posteriormente comercializarlo de manera irregular. La indagatoria busca establecer las distintas funciones que habrían cumplido los involucrados en la cadena habitual delictual, desde la sustracción del material hasta su venta.
En el procedimiento se incautaron diversas especies entre ellas cobre, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y vehículos. Además, entre los detenidos hay cuatro trabajadores vinculados a Codelco, aunque todavía no se determina si pertenecen a la dotación directa o empresas contratistas.
Otro antecedente relevante es que dos imputados fueron detenidos mientras realizaban sus labores en la mina El Teniente, según consignó El Tipógrafo. Por ahora, no se ha precisado públicamente cuál habría sido la participación específica de cada uno de los hechos investigados.
La operación Veta Roja continúa bajo la dirección de la Fiscalía de Análisis de Criminal de O´Higgins con el objetivo de esclarecer el funcionamiento de la presunta organización y las responsabilidades penales que correspondan. Los antecedentes conocidos hasta ahora forman parte de una investigación en curso, por lo que la participación de los detenidos deberá ser establecida en el proceso judicial.
