A través de una declaración pública, la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Congreso Nacional expresó «su rechazo al proyecto que permitiría realizar sesiones parlamentarias en Santiago», iniciativa anunciada por la Presidenta del Senado Paulina Núñez y actualmente es tramitada en el parlamento.
La entidad manifestó «su rechazo al acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta que permitiría celebrar sesiones extraordinarias o especiales del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados en Santiago, por considerar que la iniciativa presenta serios cuestionamientos constitucionales, laborales, presupuestarios, institucionales y procedimentales».
Agregan que «no es posible olvidar lo resuelto por el Tribunal Constitucional, mediante sentencia Rol N.º 242, de 12 de agosto de 1996, que declaró inconstitucional un proyecto de ley que pretendía trasladar la sede del Congreso Nacional a Santiago, considerando, entre otros aspectos, sus implicancias presupuestarias. Si bien, la actual iniciativa presenta diferencias respecto de aquella, dicho precedente exige examinar rigurosamente sus consecuencias constitucionales y financieras. En definitiva, el acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta constituye un traslado encubierto del Congreso Nacional, cuestión que sólo puede realizarse a través de un proyecto de ley que sea enviado a la discusión legislativa por el Presidente de la República».
La Federación destaca que las sesiones de Sala de ambas corporaciones- en cualquiera de sus dimensiones- son la expresión más relevante del funcionamiento institucional y ello exige una demanda de recursos financieros y humanos relevante. «A lo anterior se suma un serio cuestionamiento a la regularidad del procedimiento legislativo, planteado expresamente por el diputado Juan Marcelo Valenzuela Henríquez durante su intervención en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputadas y Diputados, este 20 de octubre de 2026, respecto de la actuación de una Comisión Mixta constituida en el año 2022, cuyo mandato, según lo expuesto, se encontraría precluido por el término del período parlamentario en que fue conformada. Esta situación exige esclarecer la vigencia de su mandato y la regularidad de sus actuaciones antes de continuar la tramitación legislativa», puntualiza la Federación.
Los trabajadores explican que resulta «especialmente preocupante que no se haya considerado la opinión de las funcionarias y funcionarios del Congreso Nacional, quienes hacen posible el funcionamiento de ambas corporaciones. La propuesta omite abordar los efectos sobre sus condiciones laborales y familiares, los desplazamientos, tiempos de traslado, costos de movilización, alimentación y eventuales alojamientos, así como los recursos públicos adicionales que demandaría su implementación. En definitiva, es un golpe y menosprecio directo a todos los funcionarios».
También aluden a la «insuficiencia de infraestructura y de condiciones materiales para el adecuado funcionamiento del Congreso Nacional en Santiago», lo que de acuerdo a ellos «evidencia que la implementación del proyecto supone necesariamente la realización de gastos públicos».
En efecto, sostienen que garantizar espacios e instalaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad legislativa de los 205 parlamentarios, junto con sus equipos de apoyo, funcionarios y servicios administrativos y técnicos, requiere inversiones en infraestructura, equipamiento y operación. Por lo mismo, la propuesta genera un impacto fiscal que debe ser financiado con recursos del Estado, lo que es una materia propia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República y que requiere ser acompañada del correspondiente informe financiero.
Además, «la iniciativa representa un retroceso en materia de descentralización, al favorecer nuevamente la concentración de la actividad política e institucional en Santiago, debilitando la presencia del Poder Legislativo en la Región de Valparaíso y contradiciendo los esfuerzos por avanzar hacia un país menos centralizado».
La Federación considera que la modernización y eficiencia del Congreso Nacional «no pueden construirse sin considerar a sus funcionarios, sin evaluar debidamente los costos públicos involucrados ni desconociendo el compromiso con la descentralización y el respeto al procedimiento legislativo. Por estas razones, FEDACON manifiesta su rechazo a la iniciativa y solicita a ambas corporaciones rechazar el informe de la Comisión Mixta».
