El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos otorgó 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad durante los primeros seis meses del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Así lo reveló un reportaje que detalla que 27 beneficios corresponden a condenas por abuso sexual y otros 29 por violación. Los antecedentes generaron cuestionamientos por parte de parlamentarios, mientras el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las decisiones argumentando que se aplicó la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Según la investigación publicada por Interferencia, los decretos fueron dictados entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, a un ritmo promedio de uno cada tres días. Durante ese período, solo se rechazó una solicitud, correspondiente a un condenado por abuso sexual contra un menor.
De acuerdo con el reportaje, ninguno de los 56 decretos fue resultado directo de un recurso de amparo u otra acción judicial. Las solicitudes fueron acogidas administrativamente por el Ministerio de Justicia, luego de la revisión de antecedentes y requisitos legales.
La Ley 19.856 regula la reducción de condenas y establece un procedimiento para acceder a ellas en función de determinados requisitos, entre los que se encuentra la conducta de las personas privadas de libertad. Sin embargo, la Ley 21.421 promulgada en 2022 incorporó restricciones que excluyen de este beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
Consultado por los antecedentes, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó las rebajas y defendió el procedimiento utilizado por su cartera, asegurando que responde a criterios previamente establecidos por los tribunales.
“Lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo”, explicó.
El secretario de Estado agregó que “es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se le otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de ellos”.
Respecto de los cuestionamientos por la falta de información pública sobre estas decisiones, Rabat sostuvo que los actos administrativos son públicos.
Los antecedentes generaron críticas desde distintos sectores políticos, particularmente por tratarse de condenas vinculadas a delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El diputado Jaime Mulet (FRVS) calificó la situación como extremadamente grave y cuestionó que las rebajas fueran concedidas administrativamente, sin una resolución judicial específica en cada caso, señalando que “esto es un indulto parcial”.
Por su parte, la diputada Lorena Fries (FA) cuestionó la coherencia entre las iniciativas gubernamentales destinadas a endurecer las sanciones penales y el otorgamiento de estos beneficios.
Finalmente, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) manifestó reparos respecto del procedimiento, señalando que esperaba que los casos fueran revisados por los tribunales.
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