El Director Nacional de la institución, Frank Sauerbaum, precisó las cifras difundidas por la prensa y explicó que, si bien la judicialización frena el actuar del Estado, el fallo final deja a un 19% de los afectados en una condición de «irregularidad perpetua» que no resuelve su integración ni permite su salida del país.
Frente a la información difundida recientemente respecto al freno de 3.738 deportaciones por la tramitación de recursos judiciales en las Cortes de Apelaciones del país, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) consideró necesario precisar el alcance operativo de esta situación y aclarar los efectos reales que provocan estas resoluciones en el sistema migratorio chileno.
Desde el organismo señalaron que la cifra corresponde al total de acciones constitucionales ingresadas durante el año por ciudadanos extranjeros que buscan dejar sin efecto las órdenes administrativas de expulsión. Si bien la sola admisión a trámite de estos recursos paraliza de forma precautoria el procedimiento de deportación —generando complejos episodios como la frustración de la salida de 73 extranjeros que ya se encontraban a bordo de las aeronaves—, el impacto final del fallo judicial dista de ser una solución definitiva para la situación migratoria del país.
Al respecto, el Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, fue enfático en precisar la realidad de estos fallos: «Durante este año 2026, son miles —más de 3.700— los recursos judiciales presentados ante las Cortes de Apelaciones del país, por ciudadanos extranjeros con orden de expulsión, buscando dejarlas sin efecto. Un 19% de ellas son acogidas y al dejarse sin efecto la deportación, estas personas entran de inmediato en un limbo migratorio».
Sauerbaum puntualizó que dejar sin efecto un decreto de expulsión por la vía judicial no equivale a otorgar una visa o una residencia legal en Chile: «No pueden ser expulsadas del país, pero las normativas actuales tampoco permiten regularizar su situación. Al mantener un estatus irregular perpetuo, quedan atrapadas sin opciones de acceder a un trabajo formal ni acceder a beneficios sociales. Por ejemplo, solo este año se ha bajado literalmente del avión a 73 extranjeros que se encontraban de forma irregular en el país».
Efectos colaterales en la seguridad y el orden público
En su respuesta a lo publicado, el Servicio Nacional de Migraciones reafirmó que el proceso de judicialización excesivo no solo entorpece las facultades sancionatorias del Estado, sino que fomenta que un grupo significativo de personas salga del radar de fiscalización. La extensión de los plazos de resolución en los tribunales de alzada —que pueden prolongarse por semanas o meses si escalan a la Corte Suprema— facilita que los afectados queden en calidad de «inubicables» para las autoridades policiales.
