El parlamentario republicano denunció la utilización de dependencias de la Universidad de Santiago de Chile para la grabación de un programa político protagonizado por el diputado Gustavo Gatica y la excandidata presidencial Jeannette Jara, docente de esa casa de estudios. Solicitó esclarecer quién autorizó la actividad, si existieron recursos públicos involucrados y las eventuales responsabilidades administrativas.
El diputado por Magallanes Alejandro Riquelme (REP), presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República para que investigue la eventual utilización de infraestructura y recursos públicos de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) con fines político-partidistas, luego de la grabación en sus dependencias del programa “Gustavo Platica”, conducido por el diputado Gustavo Gatica y que tuvo como invitada a la excandidata presidencial Jeannette Jara. El episodio fue difundido el 20 de octubre de 2026 y, según los antecedentes presentados al organismo fiscalizador, fue grabado en el patio central del nuevo edificio de la Facultad de Administración y Economía de la universidad.
Durante la conversación, Jara abordó la reconstrucción de un proyecto político progresista y sostuvo que había que hacer “todo lo posible para que la derecha no vuelva a ser reelegida nunca más en nuestro país”. Frente a estos antecedentes, Riquelme cuestionó que dependencias de una universidad estatal puedan ser utilizadas para actividades de carácter político. “Las universidades estatales no son sucursales del Partido Comunista ni del Frente Amplio. Son instituciones públicas financiadas con los impuestos de todos los chilenos, incluidos millones de ciudadanos que no comparten sus ideas políticas. La libertad de expresión no puede transformarse en una autorización para disponer de infraestructura pública al servicio de proyectos partidistas”, sostuvo.
La denuncia incorpora como antecedente el Dictamen N.º D209N26, de abril de 2026, de la Contraloría General de la República, referido a una actividad política realizada en dependencias de la Universidad de Chile. Según la presentación, dicho pronunciamiento estableció que la autonomía de las universidades estatales no las exime de cumplir los principios de juridicidad y probidad administrativa. “Aquí existe un precedente administrativo concreto. No basta con decir que alguien prestó un patio o que la universidad no pagó directamente la grabación. Los edificios, los servicios, la seguridad y el funcionamiento de una universidad estatal tienen costos que pagan todos los chilenos. Por eso queremos saber quién autorizó esta actividad, bajo qué condiciones y con qué finalidad institucional”, afirmó Riquelme.
El parlamentario solicitó establecer quién autorizó la grabación, bajo qué procedimiento se facilitó el recinto, si participaron funcionarios durante su jornada laboral y si fueron utilizados servicios, equipamiento u otros recursos institucionales. “Nadie pretende prohibir que Jeannette Jara tenga opiniones políticas o que Gustavo Gatica realice entrevistas. Lo que cuestionamos es que una universidad del Estado pueda convertirse en plataforma de difusión de una determinada causa partidista. La libertad de expresión es un derecho; utilizar recursos públicos para fines ajenos a los institucionales es un asunto completamente distinto”, señaló.
Riquelme pidió además que, si la fiscalización determina una infracción grave a los deberes de probidad y prescindencia política, se establezcan las responsabilidades administrativas correspondientes. “Si se acredita que Jeannette Jara utilizó su condición de funcionaria universitaria o recursos del Estado para favorecer una actividad partidista, voy a exigir que se aplique la máxima sanción que corresponda, incluida su destitución cuando proceda legalmente. La trayectoria política o haber sido candidata presidencial no puede convertirse en un privilegio frente a las normas de probidad”, manifestó. “Las universidades pertenecen a todos los chilenos, no a los partidos políticos. Y quien confunda el patrimonio público con una herramienta de propaganda debe responder ante la ley”, concluyó.
