La parlamentaria se reunió con el ministro Fernando Rabat y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, para pedir que el Ejecutivo revise las 56 rebajas de condena concedidas durante este año. Además, impulsa una modificación legal para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores cometidos antes de la reforma de 2022 puedan acceder a estas reducciones.
La diputada Marlene Pérez (Indep-UDI) se reunió con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, para solicitar formalmente que el Gobierno agote las alternativas jurídicas destinadas a dejar sin efecto los decretos que concedieron rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. La controversia surgió luego de conocerse que entre marzo y septiembre de este año se otorgaron 56 beneficios: 27 a condenados por abuso sexual de menores y 29 por violación.
“Acabo de finalizar la reunión con el ministro de Justicia y el subsecretario para pedirles expresamente que se haga todo para revocar estos decretos que les dan beneficios a abusadores de menores y a violadores de menores. Nuestro Gobierno ha dado señales potentes en materia de infancia, incluso aumentando los recursos para su protección, y por lo mismo no podemos permitir que se produzca una contradicción de esta magnitud”, sostuvo Pérez. La parlamentaria agregó que “el Presidente Kast fue claro en decir que iba a colocar a los niños primero, por lo tanto, yo le pido a nuestro Gobierno que haga todo lo posible para revocar estos beneficios”.
Las reducciones se encuentran reguladas por la Ley 19.856, que permite disminuir tiempo de condena por comportamiento sobresaliente. En febrero de 2022, la Ley 21.421 incorporó una exclusión para determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Justicia ha sostenido que esa prohibición no puede aplicarse a hechos cometidos antes de su entrada en vigencia por el principio de irretroactividad de una norma penal más desfavorable, aunque la discusión se reactivó luego de conocerse fallos de la Corte Suprema con criterios distintos respecto de la aplicación del beneficio.
Frente a ese escenario, Pérez impulsa una propuesta destinada a extender la prohibición a quienes cometieron estos delitos antes de la reforma de 2022. “Es por lo mismo que presento el proyecto de ley, que busca que exista una excepcionalidad en el Código Penal para que finalmente todos los abusadores que cometieron estos hechos tan tremendos antes de 2022 tampoco puedan optar a estos beneficios. Tenemos que avanzar en este proyecto para que nunca más tengamos que estar discutiendo una situación como esta”, explicó.
Pérez sostuvo que la discusión debe tener como prioridad la protección de niños, niñas y adolescentes y llamó al Ejecutivo a revisar las decisiones administrativas ya adoptadas. “Si vamos a colocar a los niños en el centro, debemos hacerlo con mano dura y dar una señal potente a nuestro país. Quien se atreva a tocar a un niño tiene que saber que va a enfrentar todo el rigor de la ley y que tendrá que cumplir su condena. A los niños no se les toca”, concluyó. La Defensoría de la Niñez también solicitó al Ministerio de Justicia antecedentes sobre los criterios aplicados en los 56 casos y los resguardos considerados para las víctimas.
