La entrada en vigor de la normativa el próximo año no afectará únicamente a las cuentas creadas a partir de esa fecha: las plataformas deberán garantizar que todos sus usuarios cumplan con el límite de edad, independientemente de cuándo registraran su perfil.
El Parlamento griego aprobó este jueves una ley que prohíbe, a partir del 1 de enero de 2027, el acceso a las redes sociales a todos los menores de 15 años.
La nueva disposición, propuesta por el Ejecutivo del conservador Kyriakos Mitsotakis, fue adoptada con los votos de la gobernante Nueva Democracia, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, informó el canal oficial de televisión del Hemiciclo.
También, recalcó que el “scrolling sin fin” priva a los menores de sueño y merma su capacidad de concentración.
La entrada en vigor de la normativa el próximo año no afectará únicamente a las cuentas creadas a partir de esa fecha: las plataformas deberán garantizar que todos sus usuarios cumplan con el límite de edad, independientemente de cuándo registraran su perfil.
El ministro de Gobernanza Digital e Inteligencia Artificial, Dimitris Papastergiou, señaló a la emisora Skai que las plataformas podrían apoyarse en aplicaciones estatales como Gov.gr Wallet o Kids Wallet para verificar de forma segura si el usuario cumple la edad mínima, sin necesidad de transmitir su nombre completo ni su fecha de nacimiento exacta.
No obstante, precisó que esta opción no será obligatoria y que las empresas podrán desarrollar sus propias soluciones tecnológicas de verificación.
La herramienta Kids Wallet ya está operativa en Grecia y permite a los padres supervisar la actividad en línea de sus hijos e incluso restringir su acceso a redes sociales u otras páginas web.
La ley no contempla multas ni sanciones para los padres en caso de que los menores logren eludir las restricciones, ya que traslada toda la responsabilidad técnica a las plataformas.
El pasado mes de julio, Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en aprobar un veto similar, pero fue anulado al mes siguiente por el Constitucional galo, que lo consideró una infracción desproporcionada de la libertad de expresión.
