En nuestra región estamos enfrentando una preocupante escalada de violencia de género contra las mujeres, con agresiones brutales, intentos de femicidio y muertes que estremecen a nuestras comunidades.
Sin embargo, existe una inquietante distancia entre las cifras oficiales y las muertes violentas de mujeres que las organizaciones feministas y territoriales han venido visibilizando.
Mientras los registros institucionales no siempre reflejan estos casos como femicidios, hay familias que esperan justicia, investigaciones que deben determinar responsabilidades y comunidades que exigen con prontitud respuestas.
Es preocupante pero vemos que esto es una alerta silenciosa que pareciera conmover solo a las familias, amigas, hijas e hijos de las víctimas. No podemos permitir que una mujer desaparezca de las estadísticas mientras su familia sigue buscando, sin descanso, la necesaria justicia y que muchas veces parece esquiva.
Como diputada, nos hemos reunido con el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti, para conocer el estado de las investigaciones y las diligencias desarrolladas frente a estos hechos. Esta preocupación también nos lleva a exigir mayor transparencia sobre los criterios de investigación y calificación de las muertes violentas de mujeres, respetando siempre las atribuciones del Ministerio Público. Pero la respuesta no puede limitarse a la persecución penal. Necesitamos una coordinación efectiva entre el Ministerio de la Mujer, Salud, Educación, Seguridad Pública, las policías y los municipios.
No puede ser que las instituciones se encuentren recién cuando una mujer ha sido asesinada.
Chile ha avanzado en legislación, en el reconocimiento de la violencia de género y en la tipificación del femicidio. Pero ninguna de estas conquistas puede quedar reducida a sólo un documento legal. Necesitamos un Estado que funcione, con recursos, profesionales preparados y servicios públicos capaces de actuar coordinadamente. También debemos escuchar a las organizaciones de mujeres que durante años han levantado alertas, acompañado a víctimas y construido registros propios frente a una realidad que muchas veces no encuentra respuestas oportunas en las instituciones.
No basta con condenar cada crimen cuando ya ocurrió.
La violencia machista no es un asunto privado ni una fatalidad inevitable: es un problema de derechos humanos, de salud pública y de responsabilidad estatal.
No queremos más mujeres muertas, ni niñas creciendo con miedo, ni familias condenadas a luchar solas por justicia. Necesitamos un cambio cultural profundo, erradicar el machismo y tener una educación basada en la igualdad, el respeto y la libertad, pero también instituciones que actúen con la urgencia que esta realidad exige.
Nos necesitamos unidas, organizadas y fuertes frente a la violencia patriarcal. Queremos mujeres vivas, libres y sin miedo.
