El Presidente José Antonio Kast reconoció un “error” en las rebajas de condenas otorgadas a 56 sentenciados, entre ellos responsables de delitos sexuales contra menores, pero descartó la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, pese a los cuestionamientos y la posibilidad de una acusación constitucional en su contra.
El mandatario ratificó su respaldo al secretario de Estado, a quien encargó liderar las soluciones, y anunció un proyecto de ley para impedir que condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes accedan a estos beneficios.
Tras encabezar una reunión con autoridades del Congreso y representantes políticos en La Moneda, Kast calificó lo ocurrido como “muy grave”, “profundamente doloroso” y “totalmente inaceptable”.
“No hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel. Ninguna”, sostuvo el jefe de Estado.
El mandatario asumió la responsabilidad política por las resoluciones adoptadas por el Ministerio de Justicia y reconoció el impacto que tuvieron sobre las víctimas. “El Estado les falló”, afirmó, agregando que su administración se hará cargo de lo ocurrido “con todo el costo que ello tenga”.
Sin embargo, descartó remover al titular de Justicia, argumentando que su salida no resolvería el problema de fondo. “El camino difícil es hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado. Ese es el camino que hemos elegido”, manifestó.
En esa línea, confirmó que “he decidido que (Rabat) continúe en sus funciones, con una responsabilidad muy concreta: liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse”.
Respecto de las medidas anunciadas, el Gobierno acordó impulsar una agenda legislativa para impedir nuevas rebajas de condenas a responsables de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La propuesta contempla tres ejes principales: fortalecer la participación de las víctimas en estos procedimientos, establecer reglas explícitas sobre la aplicación temporal de las restricciones y avanzar en la creación de tribunales de ejecución de penas, de manera que las decisiones sobre beneficios penitenciarios sean resueltas por jueces.
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