Marlene Pérez y Alejandra Valdebenito reiteraron su llamado al Gobierno a «agotar todas las opciones» que permitan revocar todos los decretos que beneficiaron a 56 delincuentes.
Las diputadas Marlene Pérez y Alejandra Valdebenito, junto con un grupo de integrantes de la Bancada de la UDI, presentaron durante esta jornada el proyecto de ley que anunciaron la semana pasada y que tiene por finalidad impedir que los condenados por delitos sexuales contra menores de edad puedan acceder a una rebaja de sus penas, incluso cuando los hechos hayan sido cometidos con anterioridad a la reforma legal aprobada en 2022, que prohibió su acceso a dicho beneficio.
Al respecto, cabe recordar que las legisladoras anunciaron la iniciativa luego que se diera a conocer que, desde el 11 de marzo, el Gobierno ha concedido 56 rebajas a condenados por abuso sexual y violación, amparándose en que en más del 90% de los recursos resueltos por la Corte Suprema sobre esta materia se ha establecido que la norma de 2022 no podía aplicarse de manera retroactiva.
Sin embargo, durante los últimos meses el máximo tribunal fue modificando su interpretación, estableciendo en algunos fallos que la rebaja de penas constituye un beneficio y no un derecho adquirido por los internos, de manera que las distintas restricciones que se incorporaron ese año sí podrían aplicarse a quienes cometieron estos delitos con anterioridad a que se aprobara la reforma.
Por lo mismo, y con el propósito de evitar que la aplicación de esta normativa siga dependiendo de las distintas interpretaciones judiciales, las diputadas Marlene Pérez y Alejandra Valdebenito presentaron un proyecto que establece expresamente que «el solo hecho de haber cometido el delito, haber sido condenado o registrar calificaciones de comportamiento sobresaliente bajo una regulación anterior no confiere, por sí mismo, un derecho adquirido a que una postulación posterior sea examinada prescindiendo de las causales de exclusión vigentes al tiempo de su presentación».
«El Congreso tiene la obligación y el deber moral de sacar adelante este proyecto en un plazo razonable, que no debiera superar las dos semanas, para corregir cuanto antes esta situación. Aquí hay muchas víctimas detrás: niños y adolescentes que hoy están enfrentando un nuevo proceso de revictimización producto de un vacío legal que no quedó suficientemente resuelto en la reforma aprobada en 2022. Y por respeto a ellos y a sus familias, tenemos que actuar con la máxima urgencia y terminar de una vez por todas con las distintas interpretaciones que han permitido que este tipo de delincuentes puedan acceder a beneficios que nunca debieron recibir», señalaron las legisladoras.
Pero además, las diputadas Pérez y Valdebenito reiteraron el llamado que vienen realizando desde el jueves pasado al Gobierno, para que «agote todas las opciones» que permitan revocar los decretos que favorecieron con rebajas de pena a 56 condenados, advirtiendo que «no basta con impedir que se sigan otorgando estos beneficios, sino que también debemos hacernos cargo de quienes ya los recibieron», por lo que insistieron en que «si existe alguna alternativa jurídica para dejar sin efecto estas decisiones y lograr que los delincuentes que recuperaron su libertad regresen a la cárcel, que es donde deberían seguir cumpliendo sus condenas, el Ejecutivo tiene la obligación de impulsarla».
