La iniciativa busca establecer como una obligación permanente del Estado garantizar una alimentación escolar saludable, suficiente y adecuada para estudiantes de educación parvularia, básica y media
Los diputados Juan Santana (PS), Luis Cuello (PC) y Carlos Carvajal (IND-PPD), presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca incorporar expresamente la alimentación escolar como parte de las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho a la educación.
La iniciativa establece el deber del Estado de garantizar una alimentación saludable y adecuada a las necesidades nutricionales de las y los estudiantes, reconociendo su importancia para el aprendizaje, el desarrollo integral y la igualdad de oportunidades, especialmente para quienes provienen de hogares de menores ingresos.
El diputado Juan Santana (PS), detalló «hoy día cuando se está discutiendo la Ley de Presupuesto y cuando se ha puesto en vela la continuidad de políticas públicas tan importantes como el Programa de Alimentación Escolar, que en nuestro país lleva décadas permitiendo que jóvenes de todos los estratos sociales puedan acceder a una alimentación como corresponde al interior de las comunidades educativas, entendiendo de que la alimentación también es parte del desarrollo cognitivo de las y los estudiantes de nuestro país».
«Consideramos indispensable establecer por norma constitucional, más allá de cualquier tipo de gobierno, que el Estado chileno respete este derecho que nos parece indispensable para todos los jóvenes de nuestro país».
«Y además en un contexto en donde esta semana se conmemora el día de la manipuladora de alimento en nuestro país, queremos relevar la función que cumplen
trabajadoras a lo largo de todo Chile y la gran labor que también en el ámbito educativo y ellas realizan al interior de jardines, escuelas y liceos.»
Por su parte el diputado Luis Cuello (PC), declaró: «¿Cuántos niños llegan al colegio sin desayuno? ¿Cuántos niños llegan sin una buena alimentación? Estamos hablando de un derecho básico, fundamental. ¿Qué es más importante que la alimentación? Nada.
Y hoy día, lamentablemente, en este Gobierno se ha puesto en duda, se ha puesto un manto de incertidumbre respecto de algo tan elemental para un niño, para una niña, que es estar bien alimentado, que es tener los nutrientes que le permitan tener la energía para estudiar, para aprender, para formarse.
Y por eso es que esta reforma es muy importante, porque va a establecer un mandato al legislador, un mandato constitucional que no va a poder ser revocado, que no va a depender de que llegue en el futuro, ojalá que no, otro Gobierno de estas características, que tenga esa visión tan, tan poco humana, tan poco aterrizada con la realidad».
El diputado Carlos Carvajal (IND-PPD), dijo «soy profesor de educación física, he visto en salas y canchas estas lamentables deficiencias, donde a nuestros niños se les exige rendimiento, pero no cuentan con todas las condiciones. Es por eso que no podemos garantizar una educación de calidad, con igualdad de oportunidades si a nuestros estudiantes no se les garantiza una alimentación suficiente y saludable para el desarrollo de su actividad. Por lo mismo, presentamos este proyecto de reforma constitucional para que se garantice una alimentación adecuada, que no sea voluntad del gobierno de turno. Este no es un gasto, es una inversión social y educativa para el futuro de nuestro país, que son nuestros niños y los niños”.
Giselle Valenzuela, presidenta de la Confederación Confetrap (Confederación Nacional de Trabajadoras del Programa de Alimentación Escolar), señaló
«Cualquier instancia en la que seamos invitadas a apoyar la continuidad y los derechos de la alimentación escolar, estaremos presentes para apoyar cualquier impulso que sea y más aún aquí, apoyando a esta instancia y esta buena idea de querer legislar, resguardar la alimentación escolar de los niños, niñas, jóvenes de nuestro país».
El proyecto también contempla que el Ejecutivo presente, dentro de un plazo de doce meses desde la publicación de la reforma, un proyecto de ley que regule las condiciones de acceso, continuidad, calidad nutricional, cobertura y fiscalización del servicio, resguardando que su implementación no interrumpa los programas de alimentación escolar actualmente en funcionamiento.
