Fundación AndyMar midió durante ocho meses cómo se aplica la ley en 53 municipios y ocho organismos del Estado. Sus datos muestran que, sin ese programa, las familias de menos recursos no podrán esterilizar ni registrar a sus perros y gatos, con un riesgo sanitario creciente.
A días de que el Congreso vote el Presupuesto 2027, Fundación AndyMar presentó la Radiografía de la Ley 21.020, un estudio que cruza datos oficiales de municipios y organismos del Estado con la experiencia de organizaciones y ciudadanos para medir cómo se aplica la llamada Ley Cholito. El estudio llega justo en el momento en que el Gobierno propone recortar en 86% el programa que financia la ley, y muestra que ese programa es el que permite a las personas de menos recursos esterilizar a sus mascotas y ponerles chip registrado.
El proyecto de Presupuesto 2027 reduce el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), que administra la Subdere, de $3.634 millones a $514 millones. Los recursos que llegan a municipios y organizaciones para esterilizar, poner chip registrado y vacunar caerían de cerca de $2.800 millones a unos $149 millones, es decir, una baja de alrededor de 95%.
“Hoy sabemos qué está pasando con esta ley en las comunas y los datos son claros”, afirma Fernanda Solari, gerenta general de Fundación AndyMar. “El programa no reemplaza la responsabilidad de los dueños, permite que la cumplan quienes no pueden pagarla. Recortarlo deja sin apoyo justamente a las familias que más lo necesitan”.
La radiografía en cifras
- 57% del financiamiento público que reciben los municipios para tenencia responsable proviene del programa que se quiere recortar.
- 71% de esos recursos se destina a esterilización.
- $37 millones o menos al año invierten en esterilización los municipios consultados, con recursos propios.
- 2 fiscalizadores tiene en promedio cada municipio, y seis no tienen ninguno.
- 70,2% de los encuestados tiene dos o más mascotas, lo que multiplica el costo de cumplir la ley.
- 1 de cada 4 tutores no sabe que el chip registrado es obligatorio. El 79,3% dice conocer la ley, pero solo el 16,7% la conoce bien.
- 9 años lleva el Ministerio de Salud sin dictar el reglamento sanitario que la ley le encarga.
El problema es el control, no el programa
El estudio no pudo establecer en qué se invierten los recursos municipales, porque la información no existe o no se entrega, y detectó regiones que recibieron fondos sin resultados visibles. La Contraloría llegó a una conclusión similar en junio: 61 municipios recibieron fondos y no hicieron los operativos comprometidos, y 162 no rindieron cuentas sobre más de $16 mil millones.
“Esos hallazgos son graves y hay que corregirlos. Pero se corrigen exigiendo rendiciones, no recortando la esterilización”, señaló Solari.
Un riesgo sanitario para todos, tengan o no mascota
En Chile hay más de 4 millones de perros y gatos sin supervisión, y solo el 27,4% de las mascotas tiene chip registrado, es decir, implantado e inscrito en el Registro Nacional, según el estudio de población de la Subdere y la Universidad Católica. Sin esterilización, las camadas en la calle crecen cada año; sin chip registrado, no hay forma de saber de quién es un animal abandonado.
Para la Fundación, si esa población sigue creciendo, el país se expone a una crisis sanitaria. En algunas comunas ya hay situaciones críticas, sobre todo en las rurales y más vulnerables, donde falta gestión e infraestructura y muchas familias no tienen cómo trasladar a sus animales para esterilizarlos.
“La solución que proponemos tiene cuatro pasos: esterilizar, poner chip, registrarlo y fiscalizar”, explicó Solari. “Los tres primeros son responsabilidad de todo aquel que tiene una mascota. Al Estado le toca fiscalizar, apoyar a las personas de menos recursos y difundir. Con menos presupuesto y sin control del gasto, que es tarea de cada gobierno, los que pierden son los más pobres”.
Lo que propone Fundación AndyMar
- Mantener en 2027 al menos los recursos que hoy llegan a los territorios, cerca de $2.800 millones, mientras se realiza la evaluación que la Subdere anunció.
- Exigir rendición estricta de cada peso, con un informe por comuna de animales esterilizados y con chip registrado, verificable por la Contraloría y con reporte periódico al Congreso.
- Priorizar a los hogares vulnerables y a las comunas con menos capacidad propia.
- Integrar esterilización, chip registrado y fiscalización en un mismo operativo, como ya ocurre en Rapa Nui, Concepción y otras comunas que inscriben el chip en el registro de inmediato.
