La parlamentaria solicitó investigar los costos del viaje, las razones para utilizar una aeronave institucional y la legalidad del uso de recursos públicos para el traslado de la autoridad.
La diputada Ana María Gazmuri ofició a la Contraloría General de la República para solicitar una fiscalización respecto del traslado del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a República Dominicana en un avión Gulfstream G-IV de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), con motivo de su participación en la cumbre de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C).
La parlamentaria solicitó que el organismo contralor recabe antecedentes sobre las circunstancias administrativas que justificaron la decisión, quién autorizó el traslado y cuál fue el costo total de la operación, incluyendo combustible, tasas aeronáuticas, tripulación, viáticos, mantenimiento y horas de vuelo.
Asimismo, pidió conocer qué alternativas de transporte fueron evaluadas, particularmente la disponibilidad de vuelos comerciales, y cuáles fueron los fundamentos para descartarlas. También solicitó información sobre la comitiva que acompañó a la autoridad, el itinerario y la eventual participación de otros funcionarios.
“Cuando se utilizan aeronaves de las Fuerzas Armadas para trasladar a autoridades civiles, es necesario conocer los fundamentos de esa decisión y cuánto le costó al Estado. Los recursos públicos deben administrarse con responsabilidad, eficiencia y transparencia, señaló la diputada Gazmuri..
La representante del Distrito 13, agregó que “no estamos cuestionando la participación de Chile en instancias internacionales. Lo que corresponde esclarecer es si el uso de un avión de la FACH para este traslado estuvo debidamente justificado, cuánto costó y si se ajustó a las normas que rigen el uso por parte de autoridades de Estado de este tipo de transporte. Un gobierno que proclama la necesidad de austeridad, que habla de tiempos difíciles y de apretarse el cinturón, debería actuar con más coherencia”.
Desde el Gobierno se ha argumentado que el uso de la aeronave institucional respondió a la incompatibilidad entre los horarios de los vuelos comerciales disponibles y las actividades programadas para la cumbre. En este contexto, la diputada solicitó que la Contraloría determine si dicha justificación resulta suficiente y si el gasto fue necesario y proporcional.
Por ello, pidió al organismo contralor pronunciarse sobre el cumplimiento de la normativa vigente y de los principios de probidad, eficiencia y correcta administración de los recursos públicos.
Finalmente, solicitó que, en caso de detectarse irregularidades, se adopten las medidas correspondientes, incluyendo la eventual instrucción de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y el reintegro de recursos públicos indebidamente utilizados.
