«El efecto manada no puede ser una excusa para encubrir una eventual colusión», advirtió el parlamentario, quien impulsará diez acciones para investigar a las administradoras, bancos y fiscalizadores, además de dos proyectos de ley para evitar que las AFP cobren cuando los fondos caen y cerrar la puerta giratoria entre ejecutivos»
El senador Karim Bianchi, anunció una ofensiva fiscalizadora y judicial para determinar responsabilidades ante las millonarias pérdidas en los fondos de pensiones, cuestionando que se busque justificar la situación como un simple «efecto manada».
«Nos quieren convencer de que siete AFP que supuestamente compiten entre sí actuaron de forma calcada y sufrieron las mismas pérdidas. ¿Estamos frente a una manada de irresponsables o hubo coordinación? Cuando el afiliado pierde, alguien gana al otro lado de la operación. Queremos saber quién ganó, cuánto y dónde terminó ese dinero», señaló el legislador, alertando además sobre los cuestionables lazos de propiedad entre administradoras, bancos y aseguradoras.
Las 10 acciones para investigar responsabilidades:
1. Fiscalía Nacional Económica (FNE): Investigar posible colusión, coordinación o intercambio de información sensible entre las siete AFP.
2. Ministerio Público: Determinar si existen delitos económicos o administración desleal con responsabilidad penal de ejecutivos.
3. Contraloría General de la República: Auditar las omisiones de la Superintendencia de Pensiones y evaluar posibles conflictos de interés.
4. Consejo de Defensa del Estado (CDE): Evaluar acciones legales por eventual perjuicio patrimonial al Fisco.
5. Superintendencia de Pensiones: Exigir detalle de contratos, bancos contraparte, advertencias previas y responsabilidad de los directorios.
6. Comisión para el Mercado Financiero (CMF): Transparentar la propiedad cruzada entre bancos, aseguradoras y AFP.
7. Ministerio de Hacienda y DIPRES: Cuantificar el impacto fiscal futuro si las pérdidas obligan al Estado a cubrir mayores costos en la PGU.
8. Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Evaluar el daño a los trabajadores jubilados en el periodo y acordar mecanismos de reparación.
9. Presidente de la República: Solicitar una respuesta institucional y medidas concretas para resguardar las pensiones.
10. Fiscalización Parlamentaria: Promover la comparecencia de autoridades y ejecutivos ante las comisiones del Senado.
La ofensiva pone foco en la Superintendencia de Pensiones, cuestionando la independencia del regulador y posibles conflictos de interés de su titular, Joaquín Cortez Huerta, recordando su trayectoria ejecutiva en Santander Investment, AFP ProVida, BBVA y la CMF: «No podemos aceptar que quienes deben fiscalizar sean percibidos como parte del mismo círculo de intereses que deben controlar», indicó el parlamentario.
En paralelo, el senador impulsará dos reformas legales: la primera para impedir que las AFP sigan beneficiándose económicamente cuando los fondos pierden rentabilidad, forzándolas a compartir el riesgo financiero y la segunda para establecer períodos de congelamiento e inhabilidades estrictas para ejecutivos que transitan entre el sector privado financiero y las entidades estatales de fiscalización.
