El senador por Magallanes, junto a parlamentarios de distintas bancadas, ingresarán un proyecto para derogar la Ley N° 19.856 y poner fin a un sistema que premia la buena conducta penitenciaria con reducciones de pena
El anuncio de este nuevo articulado surge luego de que se visibilizara públicamente el escándalo de las rebajas otorgadas a condenados por delitos de violación y abuso sexual de menores.
Al respecto, el senador Bianchi enfatizó que si alguien delinque debe pagar, recalcando que las condenas están para cumplirse de manera íntegra y no para negociarse ni descontarse mediante incentivos que terminan exponiendo nuevamente a las víctimas y a la ciudadanía.
El parlamentario recordó que ya había advertido con anterioridad sobre este flanco al impulsar modificaciones orientadas a endurecer la Ley N° 18.216. Esta iniciativa buscaba hacer cumplir con pena efectiva de cárcel y no con libertad vigilada a personas que cometieran delitos graves, sin embargo, estas advertencias no tuvieron la respuesta esperada.
La propuesta actual, presentada de manera transversal junto a senadores oficialistas y de oposición, no solo apunta a frenar los beneficios para los peores delitos sexuales, sino también a eliminar la normativa de manera absoluta para otros crímenes graves que actualmente logran sortear el cumplimiento efectivo de sus penas y así, terminar con un mecanismo que históricamente ha sido cuestionado por operar en paralelo a la libertad condicional y debilitar la efectividad de la justicia chilena.
Los autores del proyecto sostienen que portarse bien en la cárcel es una obligación fundamental de todo recluso y no un premio que justifique extinguir anticipadamente las condenas sin una supervisión de riesgo adecuada.
Asimismo, esta propuesta legislativa se alinea con la disposición de coordinar una tramitación integral junto a los distintos sectores políticos y el Ejecutivo, consolidando además la creación de una bancada transversal por la seguridad para responder con firmeza a las demandas de las víctimas: «La justicia no puede seguir ofreciendo caminos legales para reducir las penas mientras las familias y las víctimas continúan viviendo bajo el temor de la reincidencia. Si hablamos de reinserción social, esto debe ser un proceso serio, regulado y basado en controles estrictos que garanticen la seguridad y el respeto irrestricto hacia las víctimas», finalizó Bianchi.
