Los partidos de oposición entregaron este lunes una carta al Presidente José Antonio Kast, exigiendo la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y la entrega de los 56 decretos que permitieron rebajar las penas de condenados por delitos sexuales contra menores de edad. En el documento, las colectividades también solicitaron revisar la legalidad de las resoluciones, iniciar los procedimientos para revertirlas y establecer un plan de atención y protección para las víctimas.
Según consigna el sitio Aquí y Ahora, la misiva fue firmada por el PPD, Partido Liberal, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partidos Socialista, Frente Amplio y Acción Humanista; en ella sostienen que ninguna de estas resoluciones fue ordenada por un tribunal y agregan que también se concedieron beneficios a internos de Punta Peuco condenados por secuestro calificado y tortura, además de personas sentenciadas por homicidio, narcotráfico y crimen organizado.
En la carta, la oposición recuerda que Kast reconoció un error en la entrega de los beneficios y aseguró que su Gobierno estaría “a la altura”, pero advierte que “reconocer el error no basta. Estar a la altura exige reparar el daño provocado, hacer valer las responsabilidades políticas que correspondan y transparentar ante la ciudadanía todos los antecedentes”.
En ese contexto, reiteraron su exigencia de que el Presidente solicite la renuncia de Rabat, argumentando que “dada la gravedad de su error el Ministro ya no es interlocutor válido para el país y por lo mismo tampoco para nosotros como autoridades”.
La oposición formuló tres solicitudes concretas al Ejecutivo. La primera consiste en entregar al Congreso y a la ciudadanía, en un plazo cercano, la totalidad de los decretos de reducción de condenas dictados desde el 11 de marzo de 2026, resguardando la identidad de las víctimas.
La petición incluye copias íntegras, números, fechas y autoridades firmantes de las resoluciones, además de los 56 decretos vinculados a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y aquellos otorgados a internos de Punta Peuco y Colina 1.
También exigen conocer los decretos que rechazaron solicitudes durante el mismo período, para establecer cuándo y por qué cambió el criterio aplicado por el Ministerio de Justicia.
Como segunda medida, solicitan al Gobierno presentar un plan para revisar la legalidad de cada decreto e iniciar los procedimientos de invalidación que correspondan, con el objetivo de revertir los beneficios.
La tercera exigencia consiste en implementar un plan de atención a las víctimas y sus familias, que contemple su identificación y notificación directa sobre la situación de sus agresores.
El documento también solicita evaluaciones individuales de riesgo, medidas de protección coordinadas con el Ministerio Público y las policías, además de atención psicológica, social y jurídica especializada. Asimismo, propone establecer un canal permanente de contacto con las víctimas y entregar reportes periódicos al Congreso sobre la cobertura y resultados de estas medidas.
“Estas medidas no agotan las responsabilidades que corresponde establecer. Son, sin embargo, lo mínimo que el país espera de un Gobierno que ha hecho de la protección de la infancia y de las víctimas uno de sus compromisos centrales”, concluye la carta.
