La diputada por el Distrito 6 Francisca Bello, cuestionó el proyecto ingresado por el Gobierno que modifica la Ley 20.405 y el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), advirtiendo que la eliminación de su facultad de presentar querellas criminales, la reducción de su Consejo y el recorte de personal en las oficinas regionales limitan las herramientas para proteger a las comunidades frente a vulneraciones de derechos.
“Un INDH sin capacidad de querellarse observa, pero no protege. El Gobierno busca convertirlo en un organismo meramente técnico y consultivo, mientras reduce su Consejo y recorta personal regional. ¿Cómo va a defender los derechos humanos si pierde herramientas para actuar y presencia en los territorios?”, sostuvo la parlamentaria.
La diputada puso como ejemplo la crisis hídrica de Petorca, donde el INDH realizó misiones de observación y presentó un recurso de protección en 2020 para exigir mejores condiciones de acceso al agua para habitantes de Petorca, Cabildo y La Ligua. La acción fue finalmente acogida por la Corte Suprema en marzo de 2021, que ordenó garantizar un mínimo de 100 litros diarios de agua por persona.
A su juicio, este antecedente demuestra la importancia de contar con equipos regionales capaces de conocer las realidades locales y activar mecanismos judiciales para defender a las comunidades. La experiencia de Petorca evidencia que la protección de los derechos humanos requiere presencia en terreno y capacidad de actuar frente a las vulneraciones.
La parlamentaria advirtió que la reducción de personal en las oficinas regionales y en la unidad de protección puede dejar a las comunidades más alejadas con menos herramientas para exigir sus derechos. En ese sentido, cuestionó que una reforma presentada bajo criterios de eficiencia termine restringiendo la capacidad de una institución fundamental para fiscalizar al Estado y proteger a las personas.
