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Diputada PDG impulsa proyecto que exige castración química para acceder a beneficios penitenciarios

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La parlamentaria Zandra Parisi sostuvo que la castración química voluntaria debe ir acompañada de controles estrictos y seguimiento permanente para resguardar a las víctimas de delitos sexuales.

El proyecto de ley “¡Con las infancias no!”, propone exigir la castración química voluntaria como requisito para que condenados por delitos sexuales puedan acceder a beneficios como la libertad condicional, los permisos de salida y el indulto particular. La parlamentaria defendió la iniciativa como una medida para endurecer las exigencias y poner en el centro la protección de niños, niñas y adolescentes.

“No podemos seguir permitiendo que quienes han destruido la infancia de un niño puedan acceder a beneficios penitenciarios sin exigencias verdaderas y verdaderamente rigurosas. Por eso estamos impulsando este proyecto que contempla la castración química voluntaria como requisito para acceder a determinados beneficios”, sostuvo Parisi.

La propuesta establece que el abandono del tratamiento implica la pérdida del beneficio y que someterse a él no habilita rebajas de pena ni constituye una atenuante. Además, contempla presidio perpetuo para el delito de violación y un aumento de las penas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

“Aquí no estamos hablando de reducir condenas, ni tampoco de premiar a los delincuentes. Estamos hablando de aumentar las exigencias y poner la seguridad de nuestros niños por encima de cualquier beneficio”, recalcó la diputada PDG.

Parisi también advirtió que el tratamiento debe estar acompañado de supervisión efectiva. “Ningún tratamiento garantiza por sí solo que un agresor no vuelva a delinquir. Por eso necesitamos controles estrictos, evaluaciones permanentes y un seguimiento real”, enfatizó.

Finalmente, la parlamentaria llamó a priorizar a quienes han sufrido estos delitos. “Los derechos de las víctimas no pueden seguir quedando en segundo plano frente a los beneficios de sus agresores. La infancia no se recupera. El daño puede acompañar toda la vida. Y el Estado tiene la obligación de actuar con toda la firmeza que la ley permita”, concluyó.

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