La iniciativa ¡CON LAS INFANCIAS NO!, firmada por parlamentarios de distintos sectores políticos, aumenta las penas de todos los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y establece que ningún condenado por estos delitos podrá salir anticipadamente de la cárcel sin someterse a tratamiento farmacológico.
El diputado Héctor Ulloa (IND-PPD), junto a la diputada Zandra Parisi (PDG) y los diputados Jaime Mulet (FRVS), Erich Grohs (PNL) y Patricio Pinilla (DC), ingresó el proyecto de ley ¡CON LAS INFANCIAS NO!, que sanciona con presidio perpetuo el delito de violación y exige la castración química voluntaria como requisito para que los condenados por violación y por delitos sexuales contra menores accedan a la libertad condicional, a los permisos de salida y al indulto particular.
«Hasta hoy la discusión ha sido cuánto tiempo pasa preso un agresor sexual. Nosotros ponemos la pregunta de fondo: en qué condiciones vuelve a la calle. Hoy sale sin ningún tratamiento. Con este proyecto, eso se termina», afirmó el diputado Ulloa.
El proyecto establece:
Presidio perpetuo para todo delito de violación.
Presidio perpetuo calificado, la pena más alta del Código Penal, para las violaciones más graves contra menores de 14 años: cuando el agresor es reincidente, cuando hay más de una víctima, cuando causa lesiones graves o cuando es familiar o cuidador del niño o niña.
Aumento de penas para todos los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, incluidos el estupro, el abuso sexual, la explotación sexual y el material de explotación sexual infantil, y su exclusión de las penas sustitutivas.
Castración química voluntaria como requisito para acceder a la libertad condicional, a los permisos de salida y al indulto particular. Quien abandone el tratamiento pierde el beneficio, y ni siquiera el Presidente de la República podrá eximir de este requisito en un indulto.
El tratamiento no habilita rebajas de pena ni constituye atenuante.
Al respecto, el autor de la moción, diputado Ulloa, señaló que «llama la atención la escasa cuantía de la pena aplicable en muchos de los casos en que se otorgaron los beneficios: cinco años, seis años, tratándose muchas veces de abusos sexuales aberrantes en contra de menores de edad. La violación destruye vidas, y frente a un crimen así el Estado tiene que dar una respuesta contundente, a la altura del daño que causa: el presidio perpetuo. Las familias de Los Lagos y de todo Chile tienen derecho a saber que quien abusó de un niño o una niña no vuelve a la calle sin ninguna garantía».
El parlamentario advirtió además que, según estudios internacionales citados en el proyecto, los condenados por delitos sexuales reinciden en este tipo de delitos en una proporción más de tres veces superior a la del resto de los condenados.
«Es necesario instaurar la castración química voluntaria, un proceso farmacológico destinado a inhibir la libido o bloquear la testosterona, como ocurre en países como Inglaterra y Dinamarca, de manera de cautelar la debida protección de las víctimas y de la sociedad en general. Nadie va a ser obligado. Pero quien quiera salir antes de cumplir su condena tendrá que someterse a tratamiento. Quien no lo acepte, cumplirá su pena completa», agregó.
Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS) señaló que «la indemnidad sexual de toda persona, y con mayor razón de los menores, es fundamental. De manera que aumentar hoy día la pena en este proyecto de ley y establecer incluso la castración química voluntaria para acceder a algún beneficio nos parece absolutamente necesario. Por eso, con mucho agrado apoyamos este proyecto al que nos invitó el diputado Ulloa».
En tanto, el diputado Patricio Pinilla (DC) sostuvo que «queremos que ingrese al debate, que lo discutamos con altura de miras y que digamos de una vez por todas que en Chile los violadores de menores son perseguidos hasta las últimas consecuencias, con la máxima gravedad que nuestro tratamiento jurídico penal puede fijar».
Ulloa valoró el respaldo transversal a la iniciativa: «Nos hemos puesto de acuerdo varios diputados en torno a la protección de las víctimas, porque pensamos que la protección de los niños, niñas y adolescentes tiene que ser el foco principal en cualquier política de protección en materia de libertad sexual».
Según un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional a solicitud de los parlamentarios, desde 1990 se han presentado 21 proyectos de ley para endurecer las sanciones a quienes cometen delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y ninguno ha sido despachado. Esta iniciativa reúne esas propuestas en un solo cuerpo legal.
«Llevamos más de veinte años de proyectos guardados en un cajón. Mientras tanto, los agresores cumplen su condena y salen, y sus víctimas cumplen una condena de por vida. Pedimos que este proyecto se tramite con urgencia», sostuvo Ulloa.
De acuerdo con cifras del Ministerio Público, en 2024 se registraron más de 56.000 víctimas de delitos sexuales, de las cuales más de 39.000, cerca del 70%, eran niños, niñas y adolescentes.
«Esto nos tiene que llamar a una reflexión sobre qué está pasando. Tenemos que proteger a las víctimas, y hoy el Estado de derecho no está dando lugar a una debida protección», agregó el parlamentario.
La iniciativa surge tras conocerse que el Ministerio de Justicia otorgó 56 rebajas de pena a condenados por abuso sexual y violación de menores, decretos cuya legalidad el diputado Ulloa ya pidió revisar a la Contraloría General de la República
