El salto regulatorio previsto para 2027 amenaza con expulsar más de 800 modelos de entrada del mercado, afectando masivamente a familias y emprendedores.
La exigencia de un 21,3% más de rendimiento y la adopción del ciclo WLTC fuerzan a las marcas a discontinuar sus vehículos más económicos para evitar multas.
CAVEM propone al Gobierno un plan de transición que congele el parámetro hasta 2028 para evitar el encarecimiento desmedido de la flota y proteger el empleo.
Un drástico cambio en la oferta de vehículos livianos amenaza con transformar el mercado automotor nacional a partir de enero de 2027. La entrada en vigor de la segunda fase de la Ley N° 21.305 de Eficiencia Energética forzará la discontinuación comercial de más de 800 modelos de entrada en Chile. La problemática no responde a una prohibición explícita sobre modelos específicos, sino a la propia arquitectura de la normativa, la cual sanciona el consumo promedio ponderado de la flota vendida por cada empresa importadora. Ante la imposibilidad de compensar las emisiones de los vehículos de menor costo sin incurrir en severas multas, las marcas se verán obligadas a retirar sus modelos a combustión más asequibles.
Causas técnicas: El «doble torniquete» de la Ley N° 21.305
El fenómeno responde a la combinación simultánea de dos factores regulatorios extremadamente exigentes. En primer lugar, la ley eleva el estándar referencial promedio de eficiencia de 18,8 a 22,8 kilómetros por litro de gasolina equivalente (km/lge), lo que implica una exigencia un 21,3% superior para el periodo 2027-2029. En segundo lugar, este incremento coincide con la aplicación obligatoria del ciclo internacional de medición WLTC, un protocolo de laboratorio mucho más cercano a las condiciones reales de manejo que entrega cifras de rendimiento homologado significativamente más reducidas en comparación con los esquemas de prueba anteriores.
Al medir el rendimiento bajo una metodología más estricta (WLTC) frente a una meta sustancialmente más alta (22,8 km/lge), la totalidad de los modelos a combustión e incluso la mayoría de los híbridos convencionales (HEV) quedan por debajo del promedio legal exigido. Para evitar sanciones que pueden alcanzar las 0,2 UF por cada décima de km/lge de desvío por auto vendido —generando un riesgo de multas sectoriales de US$75 millones anuales—, las empresas deberán eliminar del catálogo las unidades que arrastren el promedio hacia abajo.
Modelos emblemáticos en riesgo de discontinuación
Este ajuste regulatorio golpea de lleno al segmento de entrada, compuesto por vehículos con precios inferiores a los $15 millones, los cuales representan el grueso de las ventas en el país. Entre los modelos que quedarían fuera del mercado o sufrirían alzas inasumibles para su categoría se encuentran los de mayor popularidad en el mercado chileno, tales como el Suzuki Swift, Kia Soluto, Hyundai Grand i10, Chevrolet Sail, Kia Morning, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno y SUV compactos de alta demanda como el Chery Tiggo 2 y MG ZS.
La adición de sistemas de asistencia eléctrica o microhibridación (MHEV) para intentar salvar estos modelos requiere una reingeniería que incrementaría su precio entre US$3.500 y US$5.000 por unidad. Este encarecimiento borraría la categoría de vehículos económicos en Chile, dejando a las familias trabajadoras y pymes sin alternativas accesibles para sus necesidades de movilidad y transporte.
Diagnóstico y postura de CAVEM
Desde la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (CAVEM) se advierte que esta distorsión en la oferta desencadenará un «efecto rebote» perjudicial para la economía y el medio ambiente. Si las personas y pequeños emprendedores no pueden financiar el pie o las cuotas de un vehículo ajustado a las nuevas exigencias, optarán por postergar la renovación y mantener en circulación automóviles usados de mayor antigüedad, los cuales son considerablemente más contaminantes y menos eficientes en el uso de combustible.
Asimismo, la entidad gremial resalta que la proyectada contracción de hasta 80.000 unidades en las ventas de 2027 comprometerá la estabilidad de los más de 115.000 empleos directos que genera el sector automotor en áreas de comercialización, distribución, logística y servicios postventa, reduciendo además la recaudación fiscal por IVA e impuesto verde en más de US$300 millones.
