Durante octubre pasado se desarrolló la primera Ruta Formativa de Facilitadores de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad y Personas Mayores en la labor del Ministerio Público, organizada por la Unidad Especializada en Derechos Humanos (UDDHH) y la Academia de la Fiscalía Nacional, con el apoyo de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La formación combinó sesiones online y jornadas presenciales, y contó con relatorías nacionales e internacionales orientadas a entregar herramientas teóricas y prácticas a funcionarios y funcionarias de todas las fiscalías regionales del país y de la Fiscalía Supraterritorial. Su objetivo fue fortalecer las capacidades institucionales para avanzar, desde los equipos locales y regionales, hacia una atención más inclusiva y centrada en las personas.
Esta iniciativa responde a una necesidad identificada en el diagnóstico institucional, que constató que las personas con discapacidad y las personas mayores enfrentan múltiples barreras en los procesos penales, entre ellas, dificultades de comunicación, discriminación, falta de accesibilidad, demoras, barreras digitales y debilidades en la coordinación interinstitucional. Esta realidad evidencia la importancia de fortalecer la preparación y concientización de los equipos del Ministerio Público desde un enfoque de derechos, y de avanzar en el compromiso institucional de transversalizarlo, adoptando medidas que permitan a estas personas ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
En este contexto, facilitadoras y facilitadores cumplirán un rol clave como referentes regionales de inclusión. Entre sus funciones estará orientar a los equipos en la asesoría de casos, identificar barreras y recomendar medidas concretas de accesibilidad, apoyos y ajustes de procedimiento. Asimismo, deberán impulsar acciones de difusión y capacitación, y promover la articulación con actores internos y externos del sistema de justicia, así como de las redes sociales y sanitarias.
De esta manera, contribuirán a favorecer una participación efectiva, una comunicación comprensible y un acceso a la justicia sin discriminación.
Como expertos internacionales participaron, desde México, Diana Sheinbaum, socia fundadora y coordinadora del Programa Discapacidad y Justicia de Documenta, y Víctor Lizama, facilitador de acceso a la justicia y consultor en derechos humanos; desde Argentina, Ezequiel Mercurio, médico legista y psiquiatra; desde España, María José Segarra, fiscal coordinadora de la Fiscalía especializada en personas con discapacidad y personas mayores e Isabel Cartagena, psicóloga y coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual.
La instancia contó, además, con exponentes nacionales de diversas instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y también de la propia Fiscalía de Chile. Colaboraron María Soledad Cisternas, abogada, ex Presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Premio Nacional de Derechos Humanos 2014; Tania Mora y Máximo Caballero, del SENAMA; Patricia Nazer, de Fundación Travesía 100 y Voces Mayores; María Soledad Herrera, docente del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Patricia Villarroel y Daniel Villarroel, de Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana; Ana Paula Vieira, de Fundación Míranos; Rafel Silva, Director de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema; Claudia González, psicóloga y perito; Mónica Naranjo, Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público; Mario Carrera, Fiscal Regional de Arica y Parinacota; Violeta Purán, abogada asistente de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte; Francisca Rivera, fiscal adjunta de la Fiscalía Regional Oriente; Alejandra Seguel, Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, y Francisca Figueroa y Valentina Bustamante, Subdirectora y abogada asesora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público, respectivamente.
Con esta iniciativa, el Ministerio Público refuerza el compromiso con una justicia más cercana, accesible e inclusiva, promoviendo herramientas concretas para mejorar la atención y participación de personas con discapacidad y personas mayores en el sistema penal.
