Las senadoras RN proponen establecer tarifas por kilómetro acordadas antes de cada viaje y proteger a los pequeños transportistas frente a descuentos y cobros no convenidos.
Las senadoras de Renovación Nacional Camila Flores, presidenta de la Comisión de Transportes y Paulina Núñez, presidenta del Senado, presentaron un proyecto que modifica el Código de Comercio para proteger la contratación y el pago de los pequeños transportistas de carga, en medio del conflicto por las tarifas de los fletes en San Antonio.
La movilización, iniciada el 28 de octubre, ha mantenido bloqueados depósitos de contenedores ante la falta de acuerdo con las empresas generadoras de carga. Los camioneros reclaman por tarifas insuficientes frente al aumento del diésel y los costos de operación, además de los cobros de TAG en la Ruta 78.
“Lo que está pasando en San Antonio no puede seguir repitiéndose. Los pequeños camioneros no pueden financiar de su bolsillo el combustible y los peajes para después tener que rogar que les paguen. Este proyecto puede contribuir a una salida al paro y evitar nuevas paralizaciones, porque aborda problemas concretos: saber cuánto cobrarán antes de salir, recibir el pago a tiempo y no seguir perdiendo plata por esperas que son responsabilidad de otros”, planteó Flores.
La iniciativa exige dejar constancia de la tarifa por kilómetro antes de iniciar el servicio, incluso cuando el precio se pacte por viaje o tonelada. Además, establece el pago separado de los peajes, salvo acuerdo expreso, y una compensación de 0,5 UF por cada hora de espera que exceda las dos primeras, cuando la demora sea atribuible al cliente o al recinto designado por este, con un máximo de 10 UF cada 24 horas.
“Chile necesita que la carga llegue a tiempo, y el pequeño camionero necesita que le paguen a tiempo. Son dos caras del mismo problema. Quien adelanta de su bolsillo el diésel y los peajes tiene derecho a saber cuánto va a cobrar antes de salir”, sostuvo Núñez.
El proyecto también fija un plazo máximo de 30 días corridos desde la recepción de la factura y establece que el pago al camionero no podrá depender de que un intermediario haya cobrado previamente a su cliente.
“La responsabilidad de quienes conducimos instituciones es actuar antes de que una demanda termine en una crisis. Desde la Presidencia del Senado quiero convocar a los gremios del transporte, a las empresas que contratan los fletes y al Gobierno”, agregó la presidenta de la Cámara Alta.
