El expresidente paraguayo Santiago Peña, destituido la víspera en un juicio político, fue traslado este sábado hasta la Fiscalía, horas después de su detención como parte de una investigación por presunta lesión de confianza tras la caída de Ueno bank, una entidad con la que el ahora exmandatario es vinculado y en la que se invirtieron millonarios fondos públicos durante su gestión.
Peña llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado en un vehículo negro con una reducida escolta policial para su primera declaración ante el Ministerio Público, donde se concentraba un pequeño grupo de ciudadanos.
El lugar de la comparecencia, fijado en principio en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, se cambió horas antes por «razones de seguridad».
El exmandatario, que no estaba esposado, según imágenes difundidas por medios locales, pasó la noche en el Regimiento Escolta Presidencial, adonde debió ser trasladado desde su vivienda particular debido a la presencia de numerosas personas en los alrededores que gritaban consignas en su contra.
El viernes, Peña fue destituido luego de ser hallado culpable de «mal desempeño de funciones» en un juicio político en el Senado, en medio de la crisis política que desató en el país el cierre por problemas de solvencia de Ueno bank, una entidad con 2,94 millones de clientes, entre ellos importantes instituciones estatales cuyos fondos quedaron congelados.
Poco después, se libró una orden de detención en su contra, que se hizo efectiva en la vivienda particular del exmandatario, hasta donde llegó un grupo conformado por la Policía y la Fiscalía.
Además de Peña, los fiscales solicitaron la detención de Carlos Carvallo, quien dirigió el Banco Central del Paraguay (BCP) hasta el martes pasado, cuando renunció en medio del procedimiento de resolución o disolución de Ueno. El exfuncionario se presentó en la noche del viernes ante las autoridades y fue arrestado.
Según la acusación de los diputados que promovieron el juicio político, Peña era accionista de Ueno Holding, un conglomerado del Grupo Vásquez que poseía, entre otras empresas, a Ueno bank. En marzo de 2025, vendió esa participación.
Carvallo presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de asumir en 2023 la jefatura de la entidad emisora, cuyo directorio autorizó «83 días después» de la designación del nuevo titular la creación de la finiquitada entidad bancaria.
Por este caso, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellos Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank, quien este viernes fue trasladado junto a otros cinco directivos a cárceles para procesados.
La destitución de Peña activó la sucesión en el Ejecutivo, que pasó a manos del hasta ayer vicepresidente, Pedro Alliana, quien juró el viernes en una sesión extraordinaria del Congreso para completar el periodo presidencial hasta 2028.
Fiscalía imputó a Santiago Peña y Carlos Carvallo y solicitó prisión preventiva y medidas patrimoniales
Los agentes fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vóster, Elena Fiore Franco y Ruth Karina Benítez formularon imputación contra Santiago Peña Palacios y Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en el marco de la causa penal n.º 92/2026, relacionada con presuntas irregularidades en la colocación de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank S. A., así como con los mecanismos de supervisión y control de la entidad bancaria y la presunta provisión de información incompleta o alterada sobre aspectos vinculados a dichas funciones.
La imputación fue formulada mediante el Acta n.º 7, del 7 de noviembre de 2026. A Santiago Peña Palacios se le atribuye la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.
Por su parte, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding fue imputado por la presunta comisión de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.
Según la hipótesis fiscal, entre 2023 y 2026 Ueno Bank habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, al tiempo que habría realizado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades.
De acuerdo con el informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, al mes de setiembre de 2026 los fondos correspondientes a organismos y entidades del Estado depositados en Ueno Bank habrían alcanzado aproximadamente G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495.
En relación con Santiago Peña Palacios, la investigación señala que, durante el ejercicio de la Presidencia de la República, habría intervenido en decisiones vinculadas a la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y societarias.
Entre los antecedentes incorporados a la investigación figuran su participación accionaria en Ueno Holding S. A. E. C. A., operaciones posteriores relacionadas con dichas acciones y reuniones mantenidas con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), en el contexto de decisiones vinculadas a inversiones en instrumentos financieros emitidos por la entidad bancaria.
Respecto de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), la Fiscalía investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de Ueno Bank, así como su anterior vinculación con Financiera Ueno y las observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad.
Asimismo, se investiga una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido, según la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay.
Como parte de las diligencias, el equipo fiscal incorporó informes técnicos, actas de directorio, expedientes administrativos, declaraciones testificales y documentación financiera relacionada con los hechos investigados.
La representación fiscal solicitó al juzgado penal de garantías la prisión preventiva de ambos imputados. Asimismo, requirió la inhibición general de enajenar y gravar bienes, la identificación de cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos financieros, además de diligencias para localizar inmuebles, vehículos, participaciones societarias y otros derechos patrimoniales registrados a nombre de los imputados.
Las investigaciones continuarán con diligencias orientadas a esclarecer las operaciones financieras y decisiones administrativas examinadas, determinar la eventual afectación de recursos públicos y previsionales y establecer la participación que pudiera corresponder a las personas involucradas.
Asimismo, el equipo fiscal proseguirá con las tareas destinadas a individualizar bienes muebles e inmuebles, dinero depositado en cuentas, inversiones y otros activos patrimoniales vinculados a las personas investigadas, a fin de solicitar las medidas cautelares que correspondan para su preservación.
