Un sistema tributario no solo debe contar con normas claras y procedimientos adecuados. También necesita que las personas comprendan cómo funciona, conozcan sus obligaciones y sepan cuáles son los derechos que los protegen como contribuyentes.
Sin duda, la relación entre autoridad fiscal y contribuyentes se fortalece cuando las personas cuentan con información clara para comprender sus obligaciones y sus derechos. En este contexto, la educación tributaria es también una forma de defender estos derechos, ya que entrega herramientas para conocerlos, ejercerlos y acceder a los mecanismos que los resguardan.
Una cosa es que los derechos estén reconocidos en la ley y otra, igualmente importante, es que las personas puedan ejercerlos de manera efectiva.
El artículo 8 bis del Código Tributario establece un conjunto de derechos de los contribuyentes. Entre ellos, recibir información clara y oportuna, ser atendidos con respeto, conocer los fundamentos de las actuaciones de la autoridad, presentar antecedentes y formular alegaciones, y obtener una respuesta conforme a la normativa vigente. No se trata de formalidades ni de beneficios excepcionales. Son garantías esenciales para que la relación entre las personas y la Administración Tributaria se desarrolle con apego a la legalidad.
Pero el conocimiento de estos derechos sigue siendo un desafío.
Para una gran empresa, enfrentar una controversia tributaria puede significar recurrir a equipos especializados. Para una microempresa, un emprendedor o un trabajador independiente, en cambio, una diferencia con un organismo tributario puede convertirse en un problema difícil de comprender y resolver, especialmente cuando no se cuenta con asesoría especializada.
En esos casos, la complejidad de los procedimientos, el desconocimiento de las vías de reclamación o la dificultad para reunir antecedentes pueden transformarse en barreras para ejercer un derecho. Y cuando una persona no sabe dónde acudir, qué herramientas tiene a su disposición o cómo actuar frente a una eventual vulneración, el reconocimiento legal resulta insuficiente.
Por eso, la defensa de los derechos tributarios debe ir más allá de informar que estos existen. Requiere orientación, acompañamiento y mecanismos que permitan hacerlos valer.
En este ámbito, la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) cumple un rol fundamental. Somos un organismo público cuya misión es velar por la protección y el resguardo de los derechos de los contribuyentes, con especial atención a las personas más vulnerables y a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Hoy contamos con facultades para representar administrativa y judicialmente a contribuyentes, cuando existan vulneraciones de sus derechos. Actuando como contraparte técnica en materia tributaria ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la República (TGR) y el Servicio Nacional de Aduanas. Además, contamos con importantes iniciativas para promover la educación y el acompañamiento tributario.
Defender los derechos de los contribuyentes no significa desconocer sus obligaciones tributarias ante los organismos fiscales. Significa reconocer que ambas dimensiones deben coexistir. Una administración tributaria puede y debe exigir el cumplimiento de la ley, pero sus actuaciones también deben respetar los procedimientos, los derechos y las garantías que la propia legislación establece.
El desafío que tenemos por delante es que ninguna persona enfrente sola una controversia tributaria por desconocer sus derechos o las herramientas disponibles para protegerlos. Para avanzar en esa dirección, necesitamos instituciones accesibles, información clara y mecanismos de defensa que se traduzcan en respuestas concretas. Por eso que decimos que la educación tributaria también es una forma de defender los derechos de los contribuyentes.
