El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) envió una carta a todos los presidentes de los partidos políticos en la que llamó a asumir la responsabilidad histórica del sistema político en la legislación que permitió rebajas de condena y pidió que la actual controversia por los beneficios concedidos a agresores sexuales de menores y la eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, no se reduzca a una disputa coyuntural.
Bajo el título “Las contradicciones de nuestro sistema político: No existe autoridad sin responsabilidad”, Mulet sostuvo que la política debe ser capaz de reconocer la trayectoria de sus propias decisiones, incluso cuando posteriormente las circunstancias obliguen a modificar una legislación.
El parlamentario recordó que el sistema de reducción de condenas por comportamiento sobresaliente fue impulsado durante el gobierno de Ricardo Lagos y aprobado transversalmente por el Congreso a comienzos de la década de 2000. La norma corresponde a la Ley 19.856, promulgada en enero de 2003, y estableció reducciones de pena asociadas al comportamiento durante el cumplimiento de la condena.
“No se trató de una iniciativa improvisada ni de una decisión marginal, ni aislada. Fue el resultado de una discusión legislativa y de acuerdos que atravesaron las fronteras entre oposición y gobierno”, planteó Mulet en la carta, donde recuerda que la iniciativa obtuvo amplios respaldos tanto en la Cámara como en el Senado.
Mulet sostuvo que posteriormente el escenario delictual cambió y el propio Congreso fue endureciendo la legislación. En 2022 se promulgó la Ley 21.421, que incorporó restricciones para el acceso a rebajas de condena en determinados delitos sexuales contra menores, cambio sobre el que destacó que refleja cómo una política considerada adecuada dos décadas antes requirió nuevas correcciones.
En ese contexto, el diputado cuestionó que el debate actual desconozca esa trayectoria institucional.
“El presidente Lagos impulsó la ley; el presidente Piñera promovió su corrección; y el presidente Kast impulsa ahora su derogación”, señaló, advirtiendo que se corre el riesgo de transformar ese proceso histórico “en una disputa de responsabilidades inmediatas, acusaciones cruzadas y cálculos de conveniencia política”.
La reflexión se produce mientras la oposición prepara una acusación constitucional contra Rabat por las rebajas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores, crímenes de lesa humanidad y otras decisiones de la cartera.
Sobre esa eventual acción, Mulet sostuvo que una acusación constitucional debe fundarse en infracciones debidamente acreditadas y no únicamente en consideraciones políticas.
“Si existen antecedentes suficientes, el ministro Rabat y/o los magistrados deben ser investigados, debemos actuar en consecuencia. Pero también debemos tener la honestidad de reconocer que la controversia actual se encuentra en la trayectoria de una legislación de más de 20 años”, afirmó.
El parlamentario también llamó a no eliminar indiscriminadamente los instrumentos de reinserción por la indignación generada por casos especialmente graves. Asimismo, recalcó que los delitos sexuales contra menores y los crímenes de derechos humanos requieren restricciones reforzadas, pero sostuvo que la discusión debe distinguir entre el castigo, la protección de las víctimas y la posibilidad de rehabilitación en otros casos.
Finalmente, Mulet advirtió que desconocer las decisiones adoptadas anteriormente por los propios partidos termina debilitando la confianza ciudadana y favoreciendo el descrédito institucional.
“La política no necesita de dirigentes que se declaren permanentemente inocentes. Necesita dirigentes capaces de defender los principios que inspiran sus proyectos de sociedad y que sean capaces de hacerse responsables de sus acciones y de corregir lo que haya que corregir”, concluyó.
