La iniciativa contempla una inversión de US$1,8 millones, la generación de cerca de 40 empleos y beneficios para más de 500 trabajadores. Pese a que cuenta con pronunciamientos sectoriales favorables, el proyecto enfrenta la oposición de diferentes autoridades regionales.
Cerca de ocho meses sin avances en su desarrollo reporta el proyecto de planta procesadora de productos del mar de la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví. Se trata de una iniciativa de propiedad de los trabajadores, que busca agregar valor a la jibia, mejorar las condiciones de comercialización del recurso natural, y generar nuevas oportunidades laborales en el territorio.
En detalle, el proyecto contempla una inversión privada de US$1,8 millones para la construcción de instalaciones de 1.168 metros cuadrados en un terreno de aproximadamente 25 mil metros cuadrados, ubicado en el sector de La Greda, comuna de Puchuncaví. Su funcionamiento permitiría procesar hasta 30 toneladas diarias (durante 15 días al mes) de productos del mar, generando inicialmente cerca de 40 empleos y beneficiando a más de 500 pescadores artesanales.
Si bien ya cuenta con pronunciamientos sectoriales, entre ellos la Seremi de Vivienda y Urbanismo, que en octubre de 2025 se manifestó favorablemente respecto de la construcción del galpón industrial, y la Seremi de Salud y el Servicio de Evaluación Ambiental, las obras todavía no han podido llevarse a cabo por la oposición personal de diferentes autoridades a nivel regional y comunal.
En particular, su tramitación ante la Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví abrió un nuevo frente de dificultades, principalmente en torno a las condiciones de acceso vial al recinto. Aunque las observaciones técnicas y administrativas fueron subsanadas, el proyecto continúa enfrentando obstáculos para avanzar.
La situación ha generado cuestionamientos entre los pescadores artesanales de Quintero y Puchuncaví, quienes advierten que, la iniciativa destinada a fortalecer la actividad pesquera artesanal y mejorar su capacidad de negociación, enfrenta una oposición que contrasta con los pronunciamientos sectoriales obtenidos durante su tramitación.
Cuestionamientos políticos
Uno de los principales detractores ha sido el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, quien manifestó su rechazo al proyecto ante la posibilidad de que los residuos industriales líquidos (RILES) generados por la planta sean trasladados hasta su comuna para su tratamiento. A ello sumó reparos por la factibilidad de abastecimiento de agua potable, lo cual está totalmente subsanado por el pronunciamiento favorable de Esval en su abastecimiento.
Sin embargo, el propio jefe comunal reconoció que parte de sus inquietudes surgieron tras una conversación con el consejero regional Osvaldo Urrutia (UDI), quien también se ha manifestado contrario al desarrollo de la planta. Durante una sesión del Concejo Municipal, Ramírez sostuvo que la iniciativa estaría presentando situaciones que podrían buscar evadir la normativa, aunque no entregó mayores antecedentes para fundamentar dicha acusación.
Por su parte, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz, reconoció públicamente su oposición al emplazamiento de la planta en el sector rural de La Greda. La autoridad argumentó que, al tratarse de una actividad calificada como molesta, no correspondería su instalación en ese lugar, pese a que la Seremi de Salud descartó que se tratara de una industria peligrosa, lo que va en contra de la normativa expresa del PREMVAL.
Este argumento ha generado cuestionamientos entre los pescadores, quienes advierten una posible contradicción en los criterios aplicados para evaluar las actividades industriales del sector, pues a escasos metros del terreno donde se proyecta la planta existe un terminal de ENEX destinado al almacenamiento de asfalto y combustibles, cuya actividad fue descrita en antecedentes del PREMVAL como productiva, estratégica y peligrosa.
Las interrogantes también alcanzan al subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia Silva, hijo del consejero regional Osvaldo Urrutia, quien gestionó un encuentro con el Presidente José Antonio Kast al que asistieron distintos actores vinculados a la pesca de Quintero. Entre ellos se encontraba Roberto Salinas, empresario intermediario de la jibia, cuyo negocio podría verse afectado por la puesta en marcha de la planta y los cambios que introduciría en la comercialización del recurso. También participaron Mauricio Acevedo, integrante del sindicato Por la Razón o la Fuerza, y Javiera Ogaz, quien ha manifestado públicamente su oposición al proyecto y a las organizaciones que integran Bahía Narau.
En este escenario, los dirigentes plantean que el debate no puede limitarse a las observaciones técnicas o ambientales, sino que debe considerar también los intereses políticos y económicos que podrían estar incidiendo en la oposición al proyecto, pues la posibilidad de que los pescadores procesen directamente sus productos y mejoren su poder de negociación frente a los intermediarios representa un cambio significativo en la comercialización de la jibia.
