– Los parlamentarios oficiaron al ministro Martín Arrau y al director general de la PDI, para conocer los alcances de los mecanismos de colaboración con la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, incluyendo el eventual acceso a datos personales y comunicaciones privadas.
La diputada Irací Hassler y el diputado Gonzalo Winter solicitaron formalmente al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, que informe sobre la existencia, naturaleza y alcance de los convenios o mecanismos de colaboración entre la Policía de Investigaciones (PDI) y Meta Platforms, empresa propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads.
A través de un oficio, enviado con copia al director general de la PDI, se busca esclarecer los procedimientos de intercambio de información entre ambas entidades y las garantías que resguardan los derechos de los usuarios.
La solicitud se fundamenta en antecedentes publicados por medios de comunicación durante septiembre, que dieron cuenta de mecanismos de colaboración entre la PDI y Meta en el contexto de investigaciones relacionadas con publicaciones en redes sociales, así como de labores de ciberpatrullaje y recepción de alertas por parte de la empresa tecnológica.
Al respecto, Hassler sostuvo que es necesario conocer con precisión los límites y condiciones bajo los cuales se desarrolla esta colaboración, especialmente cuando puede involucrar información personal de quienes utilizan estas plataformas.
“Es fundamental que exista transparencia sobre cómo se están compartiendo los datos de las personas entre una empresa privada y una institución policial. Las plataformas digitales, con domicilio en el extranjero, no pueden tener carta blanca para funcionar en nuestro país. Deben actuar bajo un marco legal y manteniendo pleno respeto a los derechos fundamentales de las y los chilenos”, señaló la diputada.
A su vez, el diputado Gonzalo Winter, señaló: “Hace unos días conocimos el caso de una mujer detenida por supuestas amenazas al presidente, en el marco de una conversación privada que Meta denunció. El tribunal la dejó en libertad y sin medidas cautelares. Antes, en Cunco, formalizaron a un hombre por compartir un meme. La propia PDI reconoce que trata todas las alertas como si fueran serias, sin ningún filtro previo. Esto obliga a preguntarnos cómo se está dando la relación entre Meta, el gobierno y la PDI, y qué información de las personas se está compartiendo. Hoy empresas privadas concentran enormes cantidades de nuestros datos y tienen una influencia creciente sobre la conversación pública. Esto merece ser despejado”.
¿Qué información comparte Meta con la PDI y bajo qué criterios?
Entre los antecedentes solicitados se encuentra la eventual existencia de convenios formales entre la PDI y Meta, sus fundamentos jurídicos, las unidades policiales involucradas y los procedimientos mediante los cuales la empresa entrega información a la institución. Asimismo, se requiere precisar qué tipo de datos son compartidos, tales como información de perfiles, direcciones IP, metadatos, estados de WhatsApp y eventuales comunicaciones privadas.
El oficio también consulta por los criterios utilizados por Meta para detectar y generar alertas sobre publicaciones, el eventual uso de algoritmos o inteligencia artificial, el alcance de las labores de ciberpatrullaje y los mecanismos de supervisión, fiscalización y conservación de la información.
El texto pone especial énfasis en las garantías constitucionales vinculadas al respeto de la vida privada, la inviolabilidad de las comunicaciones y la libertad de expresión, así como en la próxima entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales, que establece principios de finalidad, proporcionalidad y minimización para el tratamiento de información por parte de los órganos públicos.
En el oficio también se solicita información estadística desagregada desde 2022 a la fecha sobre las alertas y comunicaciones recibidas desde Meta, las investigaciones iniciadas a partir de esos antecedentes y los casos derivados al Ministerio Público, resguardando en todo momento la identidad de las personas involucradas.
“Las plataformas digitales internacionales deben funcionar bajo normas claras y con transparencia. Necesitamos saber qué información se está monitoreando, bajo qué autorizaciones y con qué mecanismos de control, para asegurar que no existan tratamientos de datos que excedan las atribuciones legales de las instituciones”, agregó Hassler.
