Los legisladores criticaron el uso de expresiones reiteradas y «gritadas sin uso de la palabra, en contravención del Reglamento de la Cámara, y lanzada en reacción a una decisión de la Mesa, en menosprecio de su autoridad y del orden de la sesión».
Cansados de las descalificaciones continuas -particularmente en las sesiones en que se está desarrollando la discusión del Presupuesto de la Nación 2027-, la Bancada de Diputados Republicanos denunció ante la Comisión de Ética a sus pares de la oposición Consuelo Veloso (FA), Daniel Manoucherhi (PS) y Luis Cuello (PC).
Los parlamentarios oficialistas solicitaron además, las más altas sanciones, particularmente en el caso de la primera de las legisladoras, ingresando sendos requerimientos a la instancia fiscalizadora de la Cámara Baja, por exceder la legítima crítica política de un debate parlamentario y emitir descalificaciones personales contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Se trata de cuatro documentos firmados por los diputados Benjamín Moreno (Jefe de Bancada), Javiera Rodríguez y Leandro Kunstmann, quienes denunciaron en primer lugar, que Veloso realizó una serie de imputaciones en contra del secretario de Estado, que van más allá de cuestionar su gestión, además de responsabilizar -sin ningún tipo de fundamento- a diputados del oficialismo de la rebaja de condena de 56 condenados, dadas a conocer hace tres semanas.
Para Moreno, resulta especialmente «grave», el hecho de que las expresiones de Veloso «no correspondan a una frase aislada o accidental pronunciada en el contexto del debate, sino que se repitan desde el inicio hasta el cierre de la intervención. Ésta comienza con un insulto dirigido a un diputado individualizado y concluye con otro dirigido al conjunto de los parlamentarios oficialistas, intercalando entre ambos imputaciones de mentira, maldad, connivencia con empresas coludidas y liberación de delincuentes».
«Más aún, las descalificaciones no se agotaron en la Sala, sino que se extendieron, en forma paralela, a la transmisión en vivo realizada por la diputada en redes sociales, lo que, además de aumentar el agravio a los aludidos y a la Corporación, demuestra también que las expresiones vertidas en la Sala no fueron producto de un exabrupto momentáneo, sino de una conducta deliberada y persistente», explicó el jefe de Bancada.
Por su parte, Rodríguez lamentó que se haya «banalizado un delito que destruye la vida de víctimas para usarlo como arma política, y que la expresión fuera reiterada, gritada sin uso de la palabra, en contravención del Reglamento de la Cámara, y lanzada en reacción a una decisión de la Mesa, en menosprecio de su autoridad y del orden de la sesión».
«Tampoco ampara a la diputada la inviolabilidad parlamentaria», continuó la diputada, junto con afirmar que «un grito injurioso sin uso de la palabra no es una opinión manifestada en el desempeño del cargo, sino la negación de la deliberación que esa garantía protege», añadió.
Casos de Manouchehri y Cuello
En tanto, el diputado Leandro Kunstmann se encargó de ingresar un requerimiento contra Manouchehri, quien a su juicio, «formuló una serie de imputaciones contra el Presidente de la República, José Antonio Kast y el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a través de redes sociales, lo que es una conducta impropia de la investidura parlamentaria, y constituyen un trato injusto e irrespetuoso hacia la máxima magistratura del país y el secretario de Estado».
«Lo que se reprocha no es la crítica, ni la fiscalización, que el diputado puede ejercer con toda la dureza que estime, sino una imputación carente de todo fundamento. La inviolabilidad parlamentaria, está limitada a las sesiones de sala o de comisión, y no alcanza a declaraciones entregadas a la prensa y difundidas en redes sociales», sostuvo el representante de la Región de Los Ríos.
Por último, Moreno explicó que el requerimiento contra Cuello se sostiene en una publicación en redes sociales durante la sesión especial del 28 de octubre pasado, por atribuirle a las bancadas del oficialismo «una posición que no se condicen con las manifestaciones públicas ni con las intervenciones efectuadas durante el debate parlamentario sobre la materia que se discutía en aquella ocasión».
