Las licencias fueron emitidas entre 2018 y 2021 desde un centro médico privado, ubicado en la comuna de Cerrillos.
Una condena de cuatro años de reclusión y multa de 200 UTM para un médico ecuatoriano que emitió más de 4.500 licencias médicas ideológicamente falsas, obtuvo el jueves 05 de noviembre el Fiscal Adjunto de Maipú-Cerrillos, Rodrigo Fernández.
Tras un juicio oral que se realizó entre el 25 de septiembre y el 21 de octubre, el persecutor logró condenar al médico ecuatoriano-chileno Alí Iván Cuadrado Chiriboga por la emisión reiterada de 4.533 licencias médicas ideológicamente falsas desde una clínica de Cerrillos.
El Tribunal dio por acreditado que el facultativo emitió 3.901 licencias para beneficiarios de Fonasa durante 2018 y otras 632 para afiliados de dos isapres entre 2017 y 2021. Según la sentencia, los documentos certificaban atenciones, diagnósticos e incapacidades laborales que carecían de una evaluación clínica real que los respaldara. La condena se basó exclusivamente en prueba indiciaria, producto de la coincidencia de hechos, varios de ellos múltiples, graves y convergentes.
El TOP observó un volumen de emisión muy superior al promedio, licencias extendidas para pacientes distintos con apenas segundos o minutos de diferencia y reposos que se repetían por exactamente once días, el umbral a partir del cual correspondía pagar el subsidio desde el primer día. A ello se sumaron la falta de respaldo clínico en numerosos casos y diagnósticos de salud mental que, en los casos revisados por especialistas o por el organismo fiscalizador, carecían de fundamento.
La sentencia atribuyó fuerza probatoria al conjunto de esos hallazgos, corroborados con registros del operador electrónico Medipass y antecedentes de organismos fiscalizadores. Para establecer la autoría, los jueces consideraron que las licencias se validaron bajo el perfil profesional de Cuadrado y que él reconoció haber autorizado a terceros a utilizar sus credenciales.
La defensa planteó una eventual suplantación, pero el tribunal descartó esa hipótesis porque el médico no identificó qué licencias habrían sido emitidas sin su autorización ni denunció irregularidades durante el período examinado. Los jueces también concluyeron que la persistencia de la práctica durante años, unida al hecho de que el médico sabía que había atendido al paciente y verificado su diagnóstico, permitía establecer que actuó deliberadamente.
El Tribunal impuso cuatro años de reclusión, cuyo cumplimiento sustituyó por libertad vigilada intensiva durante el mismo período, además de una multa de 200 UTM y cuatro años de inhabilitación efectiva para emitir licencias médicas. Los jueces consideraron que el delito se consumó al emitir cada documento con datos falsos. Por ello, la condena comprendió también licencias que fueron rechazadas o cuyo período de reposo fue reducido.
