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A un año de la muerte de Sol Millakura, trece organizaciones exigen al Estado dejar de litigar contra el fallo que reconoció vulneración de derechos

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

Movilh, Iguales, el Colegio de Periodistas de Valparaíso y los frentes de diversidad del PS y el Frente Amplio se unen contra el recurso del CDE en el caso Sol Millakura.

A un año de la muerte de la periodista Sol Millakura Hernández Márquez, trece organizaciones de la diversidad sexual, migrantes, gremiales, sociales y políticas firmaron una declaración pública exigiendo al Estado de Chile desistir del recurso con que busca anular la sentencia que reconoció la vulneración de sus derechos.

El 10 de agosto de 2026, el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso acreditó que el Estado vulneró la integridad psíquica de Sol, por la deficiente e inoportuna respuesta al reconocimiento de su nombre social y, luego, registral.

El fallo condenó al Fisco a pagar $14.313.879 y ordenó al Ministerio de Salud dictar, en un plazo de 120 días desde que la sentencia quede firme, un protocolo para todas sus Seremi. Dicho protocolo debe asegurar el uso inmediato del nombre social sin exigir rectificación registral.

Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Fisco, presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Pide dejar sin efecto la vulneración declarada, la indemnización y el protocolo, y que se condene en costas.

Para las organizaciones firmantes, «la violencia institucional que Sol sufrió en vida se perpetúa tras su muerte». La declaración advierte una contradicción: el propio Ministerio de Salud, mediante la resolución 1608, ya instruyó respetar el nombre social de sus funcionarias y funcionarios trans aunque no hayan rectificado su registro. «No es congruente que, a un año de la muerte de Sol, el mismo Estado litigue para eliminar el protocolo que haría obligatoria esa regla, con plazos y responsables concretos», señalan.

Javiera Zúñiga, vocera del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), sostuvo que «la justicia laboral ya estableció una verdad ineludible. El Estado vulneró sus derechos fundamentales y afectó su integridad psíquica al negarle el reconocimiento oportuno de su identidad».

«Resulta profundamente incoherente que, en lugar de acatar el fallo y avanzar en los protocolos de no discriminación ordenados por el tribunal, el Consejo de Defensa del Estado insista en anular una sentencia que busca precisamente que ninguna otra persona trans o no binaria vuelva a vivir violencia institucional en el servicio público», agregó.

En la declaración las organizaciones firmantes exigen:

  1. Al CDE: no perseverar en el recurso de nulidad o, en su defecto, alcanzar un acuerdo digno con la familia.
  2. Al Ministerio de Salud: dictar de inmediato un protocolo obligatorio para todas las Seremi de Salud, con uso inmediato del nombre social, un plazo breve para actualizar todos los sistemas, una persona responsable en cada Seremi y un canal de reclamo.

Males Vallejos, de la Escuela Popular Marika, recalcó: «Exigimos al Consejo de Defensa del Estado retirar este recurso y al Ministerio de Salud dictar el protocolo que se le exige. El Estado ya le falló a Sol. No vamos a permitir que suceda de vuelta».

«Sol ya no puede defenderse. Su familia no debería tener que enfrentar sola al Estado», concluye la declaración.

Firman: Movilh, Club Social Deportivo Travesaño, Escuela Popular Marika, Escena Migrante, Fundación Sobrevivientes de Acoso, Panteras Disidentes, Asociación OTD Chile, Fundación Iguales, Acciongay, Brigada Migrante Feminista, Brigada LGBTQIA+ del Partido Socialista, Frente de Diversidades y Disidencias del Frente Amplio y Consejo Regional Colegio de Periodistas de Valparaíso.

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