La acción constitucional busca proteger a los habitantes de Concón, Quintero y Puchuncaví. La Corte requirió antecedentes a organismos fiscalizadores, ministerios, municipalidades y universidades. Además, quedó ingresada una reposición urgente para que se reconsidere el rechazo inicial de la orden de no innovar.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso dio curso al recurso de protección interpuesto personalmente por el abogado Manuel Antonio Aresti Durban contra ENAP Refinerías S.A., mediante el cual solicita medidas judiciales destinadas a proteger la vida, la integridad física y psíquica y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los habitantes de Concón, Quintero y Puchuncaví.
La acción, ingresada el 10 de noviembre bajo el Rol Protección N.º 8387-2026, se presenta en un momento especialmente relevante para la situación ambiental de estas comunas, luego de conocerse antecedentes sobre alteraciones internas de reportes de emisiones contaminantes de ENAP, desvinculaciones de trabajadores y ejecutivos, renuncia de su gerente general y una denuncia presentada ante el Ministerio Público para investigar eventuales responsabilidades penales.
A ello se suma la formulación de cuatro cargos contra ENAP Refinerías S.A. por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante resolución de 26 de octubre de 2026, dos de ellos calificados como gravísimos. Los cargos se relacionan, entre otros hechos, con presuntas irregularidades en la información sobre recuperación de azufre, emisiones de dióxido de azufre y obligaciones de monitoreo ambiental.
El abogado Manuel Aresti interpuso la acción en su propio nombre, como habitante de Puchuncaví y persona potencialmente afectada por los riesgos denunciados. Sin embargo, el recurso tiene una finalidad que trasciende su situación individual, pues solicita expresamente que las medidas judiciales otorguen protección efectiva también a todos los habitantes, residentes y personas que trabajan, estudian o desarrollan actividades en Concón, Quintero y Puchuncaví y se encuentran expuestas a la contaminación vinculada con la fuente industrial cuestionada.
La Corte ordenó una amplia investigación mediante informes institucionales
Uno de los aspectos más relevantes de la tramitación es la resolución dictada el 11 de noviembre de 2026, mediante la cual la Corte tuvo por interpuesto el recurso y ordenó a ENAP Refinerías S.A. informar dentro del plazo de ocho días, acompañando los antecedentes necesarios para su correcta comprensión y resolución.
El tribunal acogió además la solicitud de diligencias formulada por el abogado recurrente y dispuso oficiar a organismos públicos, autoridades territoriales e instituciones académicas, con el objeto de reunir antecedentes relacionados con los hechos denunciados. Los requerimientos comprenden a la Superintendencia del Medio Ambiente, ENAP Refinerías S.A., los ministerios de Energía, Hacienda, Medio Ambiente y Salud, la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de Valparaíso, el Servicio de Salud Viña del MarQuillota-Petorca, las municipalidades de Concón, Quintero y Puchuncaví, el Servicio Local de Educación Pública Costa Central, la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile.
La Corte dispuso que las instituciones informen dentro del mismo plazo de ocho días y acompañen los antecedentes necesarios para resolver, bajo apercibimiento de prescindir de los informes que no sean evacuados y decidir con los antecedentes disponibles. Esta decisión constituye un avance procesal relevante, porque permite incorporar a la causa información proveniente de distintas áreas del Estado, autoridades comunales e instituciones académicas, ampliando los antecedentes disponibles para el examen judicial de los riesgos ambientales y sanitarios denunciados.
Alteración de información ambiental y responsabilidades penales
El recurso adquiere especial importancia frente a los antecedentes sobre alteraciones de información ambiental conocidos durante 2026. Según la documentación incorporada a la acción, ENAP reconoció inconsistencias en reportes ambientales, informó desvinculaciones laborales y dio cuenta de una denuncia presentada ante el Ministerio Público.
La Superintendencia del Medio Ambiente, por su parte, formuló cargos relacionados con la información reportada sobre emisiones y recuperación de azufre, así como con deficiencias en la validación del sistema de monitoreo continuo de emisiones de la unidad de craqueo catalítico de Refinería Aconcagua.
La eventual responsabilidad penal de personas determinadas deberá establecerse en la investigación correspondiente. Sin embargo, para los efectos de la acción constitucional, estos antecedentes plantean una cuestión especialmente sensible. Si los registros utilizados para controlar las emisiones industriales han sido alterados o presentan deficiencias relevantes, también puede verse comprometida la capacidad de las autoridades para conocer oportunamente los riesgos ambientales y adoptar medidas eficaces para proteger a la población.
Por ello, el recurso no se limita a cuestionar posibles infracciones administrativas, sino que plantea la necesidad de verificar la confiabilidad de los sistemas de monitoreo y las condiciones bajo las cuales continúa operando la instalación industrial.
La protección solicitada alcanza a las tres comunas
La acción promovida por Manuel Aresti no persigue una indemnización económica ni una solución exclusivamente individual. Su objetivo es obtener medidas de protección constitucional que beneficien a todos los habitantes de Concón, Quintero y Puchuncaví expuestos a la contaminación vinculada con la fuente denunciada.
El recurso considera que las emisiones industriales pueden desplazarse entre comunas según las condiciones meteorológicas, de manera que los riesgos ambientales no necesariamente se circunscriben al territorio donde se encuentra emplazada la refinería. Asimismo, solicita especial consideración de las necesidades de niños, niñas, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad, particularmente frente a episodios de contaminación atmosférica que puedan afectar su salud o exigir medidas oportunas de alerta, asistencia y protección.
Reposición urgente para reconsiderar la orden de no innovar
Junto con la acción principal, el abogado recurrente solicitó una orden de no innovar destinada a obtener la suspensión temporal, segura y fiscalizada del funcionamiento productivo y emisor de la unidad de craqueo catalítico de Refinería Aconcagua, mientras se verifican técnicamente sus condiciones de operación y control ambiental.
La Quinta Sala de la Corte rechazó inicialmente la solicitud el 12 de noviembre. No obstante, la decisión contó con el voto disidente del abogado integrante Álvaro Pavez Jorquera, quien consideró la gravedad de los cargos formulados por la Superintendencia del Medio Ambiente y los riesgos para la salud de las personas a cuyo favor se recurre. En su voto, estuvo por disponer que las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y del Medio Ambiente, coordinadas con la Delegación Presidencial de Valparaíso, mantuvieran la vigilancia sanitaria y activaran, de ser necesario, las alertas tempranas correspondientes.
Frente a esta resolución, el abogado Manuel Aresti interpuso el 13 de noviembre una reposición urgente. Mediante esta presentación solicita que la Corte reconsidere el rechazo inicial y ordene la suspensión temporal y técnicamente segura de la unidad industrial cuestionada. Subsidiariamente, pide adoptar medidas inmediatas de protección, entre ellas vigilancia sanitaria, acceso a los registros originales de emisiones, fiscalización técnica urgente, restricciones operativas preventivas y protocolos de alerta para la población vulnerable.
La reposición invoca además jurisprudencia de la Corte Suprema sobre protección ambiental, especialmente las sentencias de 2019, 2023 y 2024 relacionadas con la situación de Concón, Quintero y Puchuncaví, así como estándares internacionales sobre protección de la vida y la salud frente a la contaminación industrial. La resolución de esta reposición permanece pendiente, sin que se encuentren actualmente decretadas las medidas cautelares solicitadas.
Una nueva acción constitucional frente a una problemática ambiental histórica
El recurso se inserta en una controversia ambiental de larga data, marcada por los episodios de contaminación e intoxicaciones registrados en 2018 y por la sentencia de la Corte Suprema de 28 de mayo de 2019, Rol N.º 5.888-2019, que dispuso diversas medidas de identificación, medición, coordinación institucional y protección de la población. Los nuevos antecedentes conocidos durante 2026 vuelven a plantear interrogantes sobre la confiabilidad de los registros de emisiones industriales y la eficacia de los mecanismos destinados a prevenir riesgos para las comunidades.
La iniciativa judicial impulsada por el abogado Manuel Aresti busca que estos hechos sean examinados desde la perspectiva de las garantías constitucionales, sin supeditar necesariamente la protección preventiva de la población a la conclusión de los procedimientos sancionatorios o penales.
La causa continúa en tramitación y todavía no existe sentencia sobre el fondo. Sin embargo, la decisión de la Corte de requerir antecedentes a numerosas instituciones y la presentación de una reposición urgente contra el rechazo inicial de la orden de no innovar constituyen hitos procesales relevantes de esta acción. El recurso presentado personalmente por el abogado Manuel Aresti persigue que la protección constitucional alcance a todos los habitantes de Concón, Quintero y Puchuncaví, frente a los riesgos ambientales denunciados y a las irregularidades conocidas en el control de emisiones de ENAP Refinería Aconcagua.
