En 2024 se registraron 4.542 denuncias por violación y 13.868 por abuso sexual, según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Desde el Observatorio de Equidad en Salud, Género y Pueblo Mapuche de la Universidad de La Frontera, se advierte que los registros disponibles son tardíos y no permiten conocer la magnitud de la violencia que no se denuncia.
Los casos de violencia sexual grupal que han conmocionado al país vuelven a poner en evidencia la gravedad de este problema y la necesidad de fortalecer su prevención. Sin embargo, más allá de la conmoción que generan estos hechos, persiste una dificultad fundamental: la falta de información actualizada y desagregada que permita comprender la magnitud de la violencia sexual en Chile.
Según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito correspondientes a 2024, ese año se registraron 4.542 denuncias por violación, 13.868 por abuso sexual, 1.802 por acoso sexual y 1.224 por otros delitos sexuales. A estas cifras se suma un aumento de 46,4% en las víctimas de violencia sexual infantil respecto del período anterior, de acuerdo con información de la Defensoría de la Niñez citada por la académica.
Para la Dra. Lucy Ketterer Romero, coordinadora del Observatorio de Equidad en Salud, Género y Pueblo Mapuche de la Universidad de La Frontera (UFRO), estos antecedentes permiten dimensionar la gravedad del problema, pero no muestran toda su extensión.
“Uno de los principales problemas es que seguimos trabajando con datos tardíos y agregados, que no permiten dimensionar la magnitud de la violencia sexual en Chile. Las denuncias son fundamentales, pero no muestran todas las experiencias de violencia que viven las mujeres y que nunca llegan a conocimiento de las instituciones”, advierte Ketterer.
La académica explica que los registros policiales permiten conocer los hechos denunciados, pero no establecer cuántas mujeres han vivido violencia sexual sin recurrir a las instituciones. Además, la falta de información desagregada dificulta distinguir las características de los delitos y comprender cómo se manifiestan según la edad y el territorio.
Una brecha de información que afecta a mujeres indígenas y rurales
Desde el Observatorio de la UFRO, Ketterer plantea que las limitaciones estadísticas también dificultan conocer la realidad de las mujeres indígenas y de quienes viven en sectores rurales. Sin antecedentes específicos, resulta complejo dimensionar las experiencias de violencia que enfrentan estos grupos y evaluar si las respuestas institucionales se ajustan a sus necesidades.
“Cuando no contamos con información desagregada por territorio y pertenencia cultural, se vuelve muy difícil comprender cómo afecta la violencia sexual a las mujeres indígenas y a quienes viven en sectores rurales. La falta de datos no significa que la violencia no exista, sino que tenemos una brecha de conocimiento que debemos abordar”, sostiene.
A este escenario se suma la demora en la publicación de información. La académica advierte que, al cierre de 2026, las cifras citadas para dimensionar las denuncias por delitos sexuales corresponden a 2024, lo que limita la posibilidad de contar con un diagnóstico actualizado sobre el problema.
Encuestas y registros oportunos para mejorar las políticas públicas
Frente a estas dificultades, Ketterer propone avanzar en dos herramientas complementarias. La primera consiste en realizar encuestas periódicas de prevalencia que permitan conocer las experiencias de violencia sexual que no necesariamente terminan en una denuncia. La segunda apunta a fortalecer los registros administrativos, incorporando información oportuna y desagregada por territorio, edad y pertenencia cultural.
“Necesitamos avanzar en dos líneas complementarias: encuestas periódicas que permitan conocer las experiencias de violencia sexual que no se denuncian y registros administrativos oportunos y desagregados que permitan evaluar cómo responde el Estado. Sin ambas herramientas, las políticas públicas no cuentan con toda la información necesaria para prevenir y enfrentar esta violencia”, afirma la coordinadora del Observatorio.
Ambas medidas permitirían conocer tanto la magnitud de la violencia que permanece fuera de las estadísticas oficiales como la respuesta institucional frente a los hechos denunciados. Esta información también contribuiría a diseñar y evaluar políticas públicas de prevención y protección con mayor pertinencia territorial.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la académica enfatiza que contar con estadísticas adecuadas es una condición para exigir responsabilidades, prevenir nuevas agresiones y evaluar la efectividad de las medidas implementadas.
“La información sobre violencia sexual no es un asunto meramente técnico. Si no contamos con datos adecuados, oportunos y pertinentes a las distintas realidades territoriales, se dificulta exigir responsabilidades, prevenir nuevas agresiones y evaluar si las políticas públicas están funcionando”, concluye Ketterer.
