Buscar

Alerta por centros estéticos irregulares: Diputados de la Comisión de Salud exigen fiscalización tras detectarse que 4 de cada 10 operan sin permiso sanitario

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

Los parlamentarios Arroyo y Bentacurt, buscan esclarecer las condiciones de seguridad en procedimientos con bótox y ácido hialurónico. La gestión contempla requerimientos al Ministerio de Salud, la Superintendencia, el Instituto de Salud Pública y la Seremi del Biobío para conocer las autorizaciones, fiscalizaciones y sanciones aplicadas.

Los diputados Roberto Arroyo y Lilian Betancurt, ambos de la bancada del Partido de la Gente (PDG) e integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara, impulsaron una gestión conjunta para esclarecer las condiciones de seguridad en que se realizan procedimientos estéticos invasivos, especialmente aquellos relacionados con la aplicación de toxina botulínica, conocida como bótox, y rellenos de ácido hialurónico. La iniciativa surge luego de que un estudio del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), publicado en enero de 2025, revelara que el 40% de los 109 centros de estética analizados no contaba con autorización sanitaria, poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y protección de los usuarios.

En ese contexto, Roberto Arroyo (PDG), representante del Distrito 20, destacó la importancia de que las personas puedan acceder a información clara antes de someterse a este tipo de intervenciones. “Hoy cualquier persona puede encontrar ofertas de bótox o ácido hialurónico en redes sociales, pero no siempre sabe quién está detrás del procedimiento ni si el lugar cumple con las condiciones sanitarias. Estamos hablando de la salud de las personas y no podemos permitir que se expongan a riesgos por falta de información o fiscalización. Necesitamos que las autoridades entreguen antecedentes claros y que los vecinos puedan comprobar fácilmente si están siendo atendidos por profesionales habilitados y en centros autorizados”, planteó.

La preocupación también se relaciona con los avances pendientes en materia regulatoria. En 2019, el Ministerio de Salud sometió a consulta pública un reglamento para establecimientos de estética y, en enero de 2025, informó que trabajaba en una propuesta para modificar el Código Sanitario y reforzar la seguridad de estos servicios. En ese marco, ambos parlamentarios buscan conocer el estado de esas iniciativas y determinar si las herramientas de fiscalización actualmente disponibles permiten proteger adecuadamente a los usuarios. Asimismo, solicitaron antecedentes sobre los registros de especialistas, las denuncias recibidas y las medidas adoptadas frente a la comercialización de productos falsificados o sin autorización.

Por su parte, Lilian Betancurt (PDG), representante del Distrito 21, puso especial énfasis en la situación de las comunas de las provincias de Biobío y Arauco, además de Lota. “En nuestra región necesitamos saber cuántos centros están autorizados, cuántos han sido fiscalizados y qué sanciones se han aplicado. Es inaceptable que una persona se someta a un procedimiento sin tener la certeza de que quien la atiende está habilitado o de que los productos utilizados cumplen con las exigencias sanitarias. Estamos pidiendo información concreta porque la seguridad de nuestros vecinos no puede depender de la publicidad de una clínica o de lo que se ofrece en redes sociales”, sostuvo.

A través de los oficios, los parlamentarios buscan obtener respuestas de los organismos responsables de regular y supervisar estos procedimientos. A la Superintendencia de Salud solicitaron antecedentes sobre el número de especialistas certificados en cirugía plástica y dermatología, los reclamos recibidos desde 2023 y los mecanismos disponibles para verificar la habilitación profesional. En tanto, al Ministerio de Salud requirieron informar el estado del reglamento sometido a consulta pública en 2019, los avances de la propuesta legislativa anunciada en 2025 y la existencia de un catastro nacional de establecimientos autorizados que pueda ser consultado por la ciudadanía.

En el ámbito regional, solicitaron a la Seremi de Salud del Biobío entregar la nómina de centros autorizados para realizar procedimientos estéticos invasivos en las comunas del Distrito 21, junto con las fiscalizaciones, denuncias y sanciones registradas desde 2023. Finalmente, al Instituto de Salud Pública pidieron aclarar si el ácido hialurónico inyectable quedó incorporado al régimen de control sanitario establecido en 2026, además de informar las medidas adoptadas frente a productos falsificados, sin registro o comercializados por canales no autorizados. Con esto, Arroyo y Betancurt buscan contar con antecedentes que permitan evaluar la fiscalización vigente, identificar eventuales deficiencias y facilitar que las personas puedan comprobar las condiciones de seguridad antes de contratar procedimientos estéticos.

noticias relacionadas

«El resultado es evidente»: Bancada UDI acusa «falta de imparcialidad» de comisión revisora y exige acortar tramitación de AC contra Rabat

”¿Creen que presionar públicamente al PDG es la forma de conseguir los votos que les faltan?”: Valenzuela (PDG) emplaza a la oposición por los dichos de Mirosevic sobre la AC contra Rabat

Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria junto a senadores y diputados de oposición, exige al Gobierno reponer presupuesto para el sector

Sortean comisión que revisará Acusación Constitucional a ministro de Justicia