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Cuarto TOP de Santiago condena a presidio perpetuo a autor de femicidio de conviviente

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

En fallo unánime, el tribunal condenó a Jean Jackson Acuña Mulato a la pena de cumplimiento efectivo de presidio perpetuo simple, en calidad de autor del delito consumado de femicidio. Ilícito cometido en mayo de 2024, en la comuna.

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Jean Jackson Acuña Mulato a la pena de cumplimiento efectivo de presidio perpetuo simple, en calidad de autor del delito consumado de femicidio. Ilícito cometido en mayo de 2024, en la comuna.

En fallo unánime, el tribunal –integrada por los jueces Erick Aravena Ibarra (presidente), Cristina Cabello Muñoz y Verónica Herrera Ocares (redactora)– aplicó, además, a Acuña Mulato las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos durante la vida del penado y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que en horas de la madrugada del 29 de mayo de 2024, “(…) en el interior del departamento 301 de la Torre B del edificio ubicado en calle Santa Elena N°1760 en la comuna de Santiago, el acusado Jean Jackson Acuña Mulato, luego de mantener una discusión con su conviviente, la víctima (…), procedió a tomarla con sus manos por el cuello para estrangularla, asfixiándola y provocándole de esta forma la muerte, por asfixia mecánica. Luego de esta acción, y con el único objeto de causar ignominia y afectar el honor de la víctima, el acusado procedió a dejar sobre el cadáver de esta, una ropa interior de especial significación y luego escribió en uno de los muros del departamento, a un costado del cuerpo de la víctima ‘X PUTA TEE RON’”.

“Cumple consignar, en primer lugar, que la defensa no controvirtió la muerte de la víctima ni la participación del acusado, y que este reconoció en el juicio haberle dado muerte. Sin embargo, la confesión del acusado no exime al tribunal de formar su convicción sobre la base del conjunto de la prueba rendida, de manera que el tribunal ha verificado que el reconocimiento del acusado se encuentra corroborado por prueba independiente y, al mismo tiempo, ha contrastado su versión con esa prueba en aquellos aspectos en que resulta controvertida, esto es, la intensidad y duración de la acción homicida, el propósito con que actuó y el sentido de los actos que ejecutó con posterioridad a la muerte”, consigna el fallo.

La resolución agrega que: “Asimismo, el tribunal ha valorado la prueba con perspectiva de género, en cumplimiento del deber que imponen al Estado de Chile la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 2 y 5) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ‘Convención de Belém do Pará’ (artículo 7), deber reafirmado en el ámbito interno por la Ley N°21.675. Lo anterior no importa rebajar el estándar de convicción ni invertir la carga de la prueba, que pesa íntegramente sobre los acusadores, ni ampliar en perjuicio del acusado el alcance de las normas penales; importa únicamente apreciar los hechos libres de estereotipos –como el que justifica el control de la pareja en los celos o en la ‘costumbre’, o el que juzga la conducta sexual de la mujer para explicar la violencia en su contra– y considerar las particularidades de la violencia ejercida en el contexto de una relación de pareja, conforme a las máximas de la experiencia y a los conocimientos científicamente afianzados sobre la materia”.

Ignominia

En la causa, el tribunal consideró que concurre la agravante del artículo 12 N°9 del Código Penal.

“Esta circunstancia concurre cuando el agente emplea medios o hace que concurran circunstancias ‘que añadan la ignominia a los efectos propios del hecho’. La ignominia, conforme al sentido natural y obvio de la palabra y a como lo ha entendido la doctrina nacional, es la afrenta pública, la deshonra o el oprobio; la agravante supone, entonces, que el autor, además de causar el mal propio del delito, añada a la víctima una humillación, un ultraje o un menosprecio a su dignidad y a su honra que no forman parte del desvalor del tipo. Su fundamento es el mayor desvalor de la conducta de quien, no conforme con lesionar el bien jurídico, agrega deliberadamente un ataque a la dignidad de la víctima. Requiere, en el plano objetivo, el empleo de medios o la concurrencia de circunstancias idóneas para añadir esa deshonra y, en el plano subjetivo, que el autor actúe con conocimiento y voluntad de añadirla”, sostiene el fallo.

Asimismo, el tribunal estableció la concurrencia de los presupuestos objetivos del actuar ignominioso y ultrajante del condenado.

“Como se estableció en el considerando octavo, una vez muerta la víctima, el acusado colocó sobre su cuerpo el sostén celeste con el que ella aparecía en las fotografías íntimas que había compartido con otro hombre, y escribió a su lado, en la pared, con el lápiz labial de la propia víctima, ‘X PUTA TEE RON’, insultándola con un término de connotación sexual y asociando su cuerpo sin vida al nombre de ese hombre. Estas conductas no forman parte del desvalor propio del femicidio, que se agota en la muerte de la mujer, y añaden a ella un ultraje específico: convierten el cuerpo de la víctima y el lugar de su muerte en el soporte de una exhibición destinada a degradarla, a presentarla como una mujer sexualmente indigna y a señalar su conducta como la causa de su propia muerte. El honor y la dignidad de la persona fallecida, así como el respeto debido a su memoria –que el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República protege en relación con la honra de la persona y de su familia–, no se extinguen con la muerte, y su ultraje mediante actos ejecutados sobre el cadáver y en el lugar del hecho, inmediatamente después de la acción homicida y en unidad de contexto con ella, constituye una forma paradigmática de añadir ignominia a los efectos propios del delito”, detalla.

Con relación al elemento subjetivo, el tribunal descartó que el actuar de Acuña Mulato corresponda a una reacción emocional desbordada o a actos impulsivos carentes de sentido.

“La prueba acredita que el acusado tuvo tiempo y serenidad para revisar el teléfono de la víctima, buscar entre sus fotografías, identificar la prenda que ella vestía en ellas, buscarla, colocarla sobre su cuerpo y escribir en la pared el insulto y el nombre del hombre con quien ella se comunicaba, valiéndose para ello del lápiz labial de la víctima. La elección de la prenda, del insulto y del nombre revela que el acusado sabía lo que hacía y lo hizo para deshonrarla. Ese propósito se confirma con lo que el acusado hizo después: a las 3:25 horas escribió a su amigo ‘lo hice por lo que me hizo (…) dos años de puta viéndome la cara’, repitiendo el mismo insulto; fotografió el teléfono de la víctima con su cuerpo de fondo; y difundió sus imágenes íntimas a terceros, con el declarado propósito de que llegaran a la madre de la víctima para que esta ‘viera’ lo que su hija había hecho. Estos últimos antecedentes, como se dijo, no se consideran como hechos constitutivos de la agravante, pero acreditan que el acusado actuó con el propósito específico de añadir a la muerte de la víctima su deshonra”, afirma la resolución.

“La perspectiva de género con que el tribunal ha apreciado la prueba no amplía el alcance de la agravante, cuyos elementos se han establecido conforme a su comprensión tradicional, pero permite comprender el significado de los actos del acusado, que no son un insulto cualquiera, sino la expresión de un reproche moral y sexual dirigido a una mujer por haber dispuesto de su vida afectiva y sexual, y por ello particularmente idóneos para degradarla”, advierte.

“En este sentido –ahonda–, se rechazan las alegaciones de la defensa, pues la ley no exige que la ignominia haya sido efectivamente percibida por un público amplio, sino que el autor emplee medios o haga concurrir circunstancias que la añadan, lo que ocurrió desde el momento en que el acusado dispuso la escena sobre el cuerpo de la víctima y en el lugar de su muerte, destinada, por su naturaleza, a ser vista por quienes la encontraran. En segundo lugar, aun cuando se aceptara que la agravante requiere una proyección hacia terceros, esa proyección se produjo: la escena fue vista por los funcionarios de Carabineros que ingresaron al departamento, por los peritos y por la propia madre de la víctima, quien vio el escrito en la pared en el lugar en que yacía su hija”.

Para el tribunal y en tercer lugar, “(…) la presentación voluntaria del acusado ante Carabineros, ocurrida cerca de cinco horas después, no ‘cortó’ la ignominia, como lo sostiene la defensa: la agravante se configuró con la ejecución de los actos que añadieron la deshonra, y su posterior autodenuncia no la deshizo; por lo demás, al entregarse, el acusado no advirtió a la autoridad ni a nadie de la escena que había dispuesto, ni hizo nada por evitar que fuera vista. Que los carabineros controlaran el sitio del suceso y retrasaran el ingreso de la madre de la víctima es mérito de la actuación policial, no del acusado. En cuarto lugar, la propia defensa reconoció en su réplica que la colocación de la prenda y el escrito en la pared constituían ‘un plus de deshonra, de humillación’, de modo que su alegación se reduce a sostener una interrupción que, como se dijo, no es tal”.

«Finalmente, no existe incompatibilidad entre esta agravante y la atenuante del artículo 11 N°8 del Código Penal, pues ambas se fundan en hechos distintos y sucesivos: la primera, en los actos ejecutados sobre el cuerpo de la víctima inmediatamente después de su muerte; la segunda, en la decisión posterior del acusado de someterse a la acción de la justicia, de modo que se acogerá la agravante pedida por fiscalía y querellante”, concluye.

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