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Parlamentarios respaldan denuncia del Sindicato N.º 2 de Salcobrand y oficiarán a ministra de Salud para exigir fiscalización nacional

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

Un nuevo respaldo recibió la denuncia nacional presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Farmacias Salcobrand N.º 2 ante el Ministerio de Salud. Esta vez, un grupo de parlamentarios realizó un punto de prensa en el Congreso Nacional para anunciar que oficiará a la ministra de Salud, solicitando una investigación y fiscalización de la empresa, con especial atención a la correcta aplicación de los instrumentos de evaluación de riesgos psicosociales y clima laboral.

La acción parlamentaria da continuidad a la denuncia ingresada este lunes 16 de noviembre por la organización sindical, encabezada por su presidente, Mauricio Acevedo, quien advirtió sobre presuntos incumplimientos en la implementación del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, en un contexto de sobrecarga laboral, polifuncionalidad, presión por metas comerciales y deterioro de las condiciones laborales.

La diputada Carolina Tello anunció que los parlamentarios solicitarán respuestas formales a la autoridad sanitaria y medidas concretas frente a los antecedentes denunciados. «Le pedimos al Ministerio que fiscalice lo denunciado y tome acciones concretas. Necesitamos respuestas concretas de la ministra y se las pediremos mediante oficio. La salud mental de los trabajadores no es un discurso, no es un eslogan», enfatizó.

Genera especial preocupación la existencia de una sanción previa de la Dirección del Trabajo por irregularidades en la conformación del comité encargado de aplicar el protocolo, situación que, según los denunciantes, evidencia la necesidad de una revisión de mayor alcance.

En esa línea, la diputada Ana María Gazmuri puso el acento en los riesgos que enfrentan los trabajadores de farmacias, particularmente las mujeres, quienes representan una parte mayoritaria de la dotación de la cadena. «Uno de los problemas graves que vemos en los trabajadores de farmacias es justamente esta polifuncionalidad y el grave daño y riesgo para su salud mental», señaló.

La parlamentaria recordó que Salcobrand cuenta con alrededor de 500 locales y que, según los antecedentes expuestos, aproximadamente el 80% de su personal corresponde a mujeres. «Aquí ya ha habido una multa porque su comité de aplicación no era paritario, pero esta multa sancionó solo una parte de la empresa y no corrigió el fondo. Esto es muy grave», sostuvo Gazmuri.

Por su parte, la diputada Carolina Cucumides vinculó la denuncia con la necesidad de fortalecer las condiciones laborales y avanzar en una legislación que enfrente las consecuencias de la sobrecarga de trabajo. «Cuando queremos un país que avance, que sea eficiente y genere riqueza, lo primero de lo que hay que preocuparse es de los trabajadores. Es imposible crecer si maltratamos a nuestros trabajadores», manifestó.

La legisladora agregó que la salud mental debe abordarse como una dimensión fundamental de la seguridad laboral y sostuvo que «no puede ser posible la sobrecarga laboral y la multifuncionalidad de los trabajos. Esto también es un tema que debemos legislar. Lo que ganan estas empresas es abominable y si no quieren subir los sueldos; entonces que respondan con seguridad social al menos», enfatizó.

En tanto, el parlamentario Matías Fernández cuestionó las prioridades de las grandes empresas frente al bienestar de sus trabajadores. «Al parecer, estas grandes empresas se preocupan de generar ganancias, pero no de la salud mental de sus trabajadores. Estos parlamentarios nos comprometemos a defenderlos», afirmó.

El presidente del Sindicato N.º 2 de Salcobrand, Mauricio Acevedo, valoró el respaldo parlamentario y sostuvo que el objetivo de la denuncia no es simplemente obtener nuevas sanciones, sino conseguir que la empresa cumpla efectivamente sus obligaciones preventivas. «No puede ser que en Chile las empresas prefieran pagar las multas en lugar de cumplir la ley. Queremos que se fiscalice y se obligue a las empresas a aplicar correctamente estas herramientas de medición del clima laboral y de los riesgos psicosociales. Si eso se hiciera bien, tal vez no habríamos requerido una Ley Karin», expresó el dirigente.

Acevedo destacó que la aplicación adecuada de estos instrumentos resulta fundamental para identificar oportunamente situaciones de riesgo, prevenir el deterioro de la salud mental y adoptar medidas correctivas antes de que los problemas se agraven.

La organización sindical espera que el oficio parlamentario permita impulsar una fiscalización coordinada de alcance nacional, que no se limite a revisar documentación o sancionar incumplimientos aislados, sino que examine la implementación efectiva del protocolo, el funcionamiento de los comités de aplicación, la participación de los trabajadores y las medidas preventivas adoptadas por la empresa.

Para los dirigentes, el desafío es que este caso contribuya a establecer un precedente para otras empresas del país; las evaluaciones de riesgos psicosociales deben servir para detectar, prevenir y corregir condiciones laborales que puedan afectar la salud mental, y no limitarse al cumplimiento formal de una obligación legal.

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