Buscar

¿Dónde queda el interés superior de niños y niñas ante las rebajas de condena por delitos sexuales?. Por Dr. Mario Catalán Catalán, Académico carrera de Trabajo Social, Universidad Viña del Mar

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

¿Qué pasa con el interés superior de niños y niñas cuando se discuten rebajas de condena para personas que han cometido delitos sexuales contra ellos? Esta pregunta es profundamente ética: interpela el valor que otorgamos a la infancia y el lugar de sus experiencias y derechos en nuestras decisiones.

La Convención sobre los Derechos de Niños y Niñas, ratificada por Chile en 1990, comprometió al Estado a garantizar los derechos de la niñez. Sus cuatro principios fundamentales son vida y desarrollo (art. 6), interés superior (art. 3), no discriminación (art. 2) y participación (art. 12) (UNICEF, 2006). Este compromiso exige reconocer a niños y niñas como sujetos de derechos y actores sociales y políticos, cuyas experiencias deben considerarse en las decisiones que afectan su seguridad, integridad y desarrollo.

Según el Diagnóstico 2026 de la Defensoría de la Niñez, con información del Ministerio Público, durante 2025 se registraron 30.769 víctimas de delitos sexuales entre niños, niñas y adolescentes; el 77% correspondía a niñas y adolescentes mujeres. Estos registros no representan la totalidad de víctimas ni un porcentaje de toda la población infantil, pero evidencian graves vulneraciones y una desigualdad de género.

Discutir rebajas de condena exige preguntarse: ¿cómo se consideran sus consecuencias para las víctimas? ¿Qué medidas resguardan su seguridad? ¿Reciben información comprensible? ¿Pueden expresar sus preocupaciones y ser escuchadas?

Escuchar a niños y niñas requiere cuidado ético, acompañamiento y respeto por su voluntad de participar. Decidir una condena corresponde a las instituciones; expresar necesidades y temores es un derecho de quienes pueden resultar afectados. Reconocer su voz implica considerarla, sin exponerlos nuevamente al daño.

El interés superior debe traducirse en decisiones fundamentadas que expliquen cómo se consideran sus derechos y qué resguardos se adoptarán. Respetar los derechos de las personas condenadas y promover su reinserción exige también garantizar protección y reparación a las víctimas. La duración de una pena, por sí sola, no satisface esas obligaciones; tampoco una rebaja permite darlas por cumplidas. Esto lo demuestra la desaprobación transversal a estas medidas. Según última encuesta Plaza Pública Cadem el 94% de los encuestados manifestó rechazo a estas rebajas.

La contradicción ética aparece cuando proclamamos la prioridad de la infancia, pero relegamos las condiciones que permiten protegerla. Corresponde explicar cómo se evalúan los efectos de estas decisiones y cómo se evitará su desprotección. El valor que otorgamos a niños y niñas se expresa en aquello que estamos dispuestos a garantizarles. Ante las rebajas de condena, la pregunta permanece: ¿qué lugar tienen su seguridad, su palabra y su derecho a vivir sin violencia en las decisiones que tomamos?

noticias relacionadas

Emprendimiento femenino: más allá de iniciar un negocio. Por Ema Jara, Subgerente Comercial de CFC Capital

Infraestructura para IA: una conversación para la COP31. Por Hector Bravo, director de Desarrollo de Negocios y Tecnologías Disruptivas de SONDA

La vida en formato scroll. Por Cardenal Fernando Chomali Garib, Arzobispo de Santiago de Chile

La Ley Jacinta debe acompañar a las familias de la Ruta de la Fruta. Por Max Schnitzer, Impulsor Ley Jacinta