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Tras manipulación de cifras en Codelco: Diputado Arqueros (PRep) busca que se modernice figura del “denunciante protegido” en empresas del Estado

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

El legislador presentó un proyecto que, entre otras cosas, también persigue que quien reciba los antecedentes “deberá ingresarlos al sistema dentro de dos días hábiles. Retenerlos o tramitarlos por fuera pasa a ser un incumplimiento grave”.

Una denuncia anónima fue la que permitió a Chile conocer que los directivos de Codelco habían manipulado las cifras de producción desde el año 2005 hacia atrás. Dicha información nunca ingresó al canal oficial de denuncias de la estatal y pudo no haber sido nunca conocida.

Este antecedente llevó al diputado del Partido Republicano, Carlo Arqueros, a presentar un proyecto de ley que busca la modernización de este proceso, no solo en la estatal, sino que en todas las empresas del Estado, obligando a quien reciba la información a ingresarla al canal correspondiente para darle trámite y de paso aumentando la protección para quien revele antecedentes.

La idea es facilitar la detección de irregularidades en las empresas del Estado y que esto no dependa de la voluntad de quien recibe una denuncia, ni del silencio sobre la identidad de quien la formula.

La iniciativa establece una serie de requisitos legales, donde todas las estatales -incluidas sus filiales-, deberán mantener un sistema que reciba denuncias identificadas y anónimas, que permita comunicarse con el denunciante anónimo sin revelar su identidad y que registre cada denuncia en forma inalterable desde su primera recepción.

El parlamentario explicó que quien reciba la denuncia “deberá ingresarla al sistema dentro de dos días hábiles. Retenerla o tramitarla por fuera pasa a ser un incumplimiento grave”.

“Las denuncias que involucran a la alta administración o que se refieren a la veracidad de la información de producción, financiera u operacional”, explicó Arqueros, “serán conocidas exclusivamente por un comité de directores sin funciones ejecutivas, que deberá informar su existencia al organismo fiscalizador competente”.

La propuesta del representante de la Región de Antofagasta, contempla que el “sistema deberá acusar recibo en cinco días hábiles, decidir sobre la investigación en 15 días y concluirla en noventa prorrogables por una vez, para finalizar pronunciándose sobre cada uno de los hechos denunciados. El anonimato no será causal para desestimar una denuncia. El proyecto, a la vez, garantiza a las personas denunciadas el derecho a conocer los cargos y a defenderse”.

“La identidad del denunciante será reservada incluso frente al directorio. Se prohíbe toda gestión destinada a identificar al denunciante anónimo, y se sanciona penalmente a quien revele su identidad”, recalcó el integrante de la comisión de Minería.

Por último, el diputado explicó que el proyecto “otorga protección frente a represalias. La protección alcanza al denunciante anónimo que luego es identificado y a quien es tenido por denunciante sin serlo”.

“Acreditada la denuncia y la medida adversa, se presume la represalia durante dos años, y el empleador sólo se libera probando que habría adoptado la misma medida sin la denuncia. El trabajador despedido podrá optar por la reincorporación”, cerró el diputado Arqueros.

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