La diputada cuestionó que las restricciones a las prestaciones en la red pública puedan terminar trasladando la atención al sector privado, profundizando las desigualdades y dejando sin apoyo a quienes no tienen recursos para costear alternativas.
La diputada Marcela Hernando lanzó una dura advertencia frente a las decisiones que restringen o interrumpen prestaciones y acompañamiento en salud para adolescentes, señalando que, si bien se trata de una materia compleja que exige rigor científico y responsabilidad médica, el Estado no puede desentenderse de las personas que requieren atención.
La parlamentaria sostuvo que exigir evidencia, certeza clínica y prudencia antes de indicar tratamientos es una obligación, pero advirtió que esas exigencias no pueden utilizarse como argumento para desmantelar el acompañamiento desde la red pública ni dejar a pacientes y familias sin orientación ni protección.
“Como profesional de la salud, entiendo perfectamente que se exija rigor y certeza clínica antes de indicar cualquier tratamiento en adolescentes. Pero esa misma responsabilidad nos obliga a mirar la realidad completa de nuestro país”, afirmó.
Hernando cuestionó que las decisiones del Ministerio puedan terminar generando un sistema de dos velocidades, donde quienes tienen recursos mantienen acceso a prestaciones a través del sector privado, mientras que las familias más vulnerables quedan relegadas y sin alternativas.
“Cuando el Estado restringe o detiene el acompañamiento y las prestaciones en la red pública, el problema no desaparece; simplemente se privatiza”, enfatizó.
La diputada advirtió que este tipo de decisiones no resuelve el problema de fondo, sino que puede profundizar las brechas sociales y sanitarias, haciendo que el acceso a la atención dependa cada vez más de la capacidad económica de las familias.
Finalmente, emplazó a las autoridades a actuar con responsabilidad, poniendo en el centro a los pacientes y evitando que decisiones administrativas terminen teniendo consecuencias de desprotección social.
“Más allá de las facultades administrativas del Ministerio, lo que debemos asegurar es que la prudencia clínica nunca se traduzca en desprotección ni en una nueva brecha de desigualdad en salud”, concluyó.