Actualmente, la mayor parte de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en nuestro país, principales causantes del cambio climático provienen de la generación y consumo de Energía, y en específico del sector transporte, el que es responsable del 25% total.
Chile ha buscado revertir esta situación y se ha posicionado en la región como líder en la puesta en marcha y escalamiento de la electromovilidad para lo cual que se han implementado iniciativas como la Política Energética Nacional, la que tiene como objetivo sentar las bases para alcanzar la carbono-neutralidad al 2050. Junto con ella, ha destacado la incorporación de buses eléctricos a la flota de transporte público nacional desde 2017, hasta los más de 800 que operan actualmente en el país.
Se proyecta que para el 2035 el 100% de las ventas de vehículos livianos y medianos sean eléctricos, no obstante, hoy sólo el 1% del total del parque automotriz está compuesto por vehículos con esta tecnología. ¿Cuáles son los desafíos que hay que superar para implementar exitosamente la electromovilidad en nuestro país y obtener los beneficios medioambientales que se esperan?
En primer lugar, está la normativa y la regulación, las que están asociadas a hacer más eficientes y seguros los procesos de apertura e implementación de puntos de carga para flotas eléctricas, así como para vehículos eléctricos particulares. De igual forma, se hace necesaria la toma de decisiones respecto de la incorporación de nuevos actores al mercado de “comercialización energética” de acuerdo a los nuevos perfiles de consumo eléctrico que se generarán de la mano de la masificación del parque automotriz eléctrico.
Por otra parte, está la infraestructura de carga, ámbito prioritario para dar abasto con los requerimientos de la electromovilidad a nivel nacional. Esto significa asegurar la disponibilidad y continuidad operativa de puntos de carga a lo largo del país, posibilitando incrementar el alcance y soporte de estos en términos de carga, para potenciar su adquisición y uso en regiones. A su vez, el análisis y robustecimiento de la red de distribución también es un tema que debe ser abordado, considerando las tendencias de consumo eléctrico que se están dando, y los nuevos perfiles de demanda eléctrica que se proyectan desde la electrificación del transporte.
En tercer lugar, tenemos al mercado, que, alineado a los puntos anteriores, debe sentar las bases normativas y de regulación para la generación y desarrollo de nuevos actores asociados a la electromovilidad, un soporte necesario para posibilitar su escalamiento en el país.
Y, finalmente, el capital humano, el que es capaz de dotar al país con las capacidades para el desarrollo, implementación, operación y mantención de dispositivos de electromovilidad. En este punto las universidades y los centros de investigación cumplen un rol clave, pues poseen las capacidades técnicas y de formación de profesionales que impulsan este tipo de cambios. El Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E, de la Universidad Técnica Federico Santa María, ha participado activamente de este proceso brindando asesoría como una entidad técnica validada a nivel nacional e internacional, con un equipo humano de primer nivel, presencia nacional y capacidades de infraestructura y laboratorios que le permite dar respuestas técnicas y confiables.
Implementar la electromovilidad en Chile es un proceso que está exigiendo un cambio en las políticas públicas, en lo económico, social e incluso cultural, y todo con una agenda proyectada en el mediano plazo, transformaciones necesarias para mejorar las condiciones del medioambiente y con ello la calidad de vida de las personas.
