Nuestros datos personales están en manos de todo el mundo. Incluso en las cárceles, desde donde se cometen reiteradas estafas telefónicas. ¿Quién comparte nuestros números, nombres, ruts y hasta domicilios? Nadie controla, ni regula, ni sanciona. Ni tampoco se ocupa.
De acuerdo con el estudio “El Ciudadano y su Privacidad” del Observatorio InsightLab, al 92% de los chilenos le preocupa compartir información personal con un tercero, mientras el 93% manifiesta sentirse “muy preocupado” de que esos datos se usen para otros fines diferentes a los que fueron solicitados. Como cuando nuestros datos del padrón electoral están publicados en internet.
La ley Nº 19.628 sobre la Protección a la Vida Privada que rige en Chile indica que las organizaciones deben informar a los ciudadanos sobre la finalidad del tratamiento de sus datos, el plazo de conservación, cómo ejercitarlos, incluso de derechos y sanciones. Pero el papel aguanta mucho y de eso se están haciendo cargo nuestros legisladores desde el 2008.
Pero más allá de lo legal, yo me pregunto, ¿quién se está haciendo cargo de la clase de líderes y profesionales que está formando nuestro país? Se hace relevante favorecer el intercambio de buenas prácticas en torno al tratamiento ético de la información de las personas, formar profesionales capaces de gestionar calidad, integridad, seguridad para coexistir con sistemas favorables para la ciudadanía.
Ocupémonos de eso. El futuro está en nuestros profesionales.
