En Chile, el último estudio nacional de discapacidad (ENDISC 2022) revela que más de tres millones de personas viven con discapacidad, lo que plantea grandes desafíos para el Estado, las políticas públicas y la sociedad. A pesar de los avances, persisten desigualdades estructurales, culturales y legales que perpetúan la marginación de este grupo.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la discapacidad debe entenderse como un problema de justicia social, no solo como una interacción entre la persona y las barreras de su entorno. Esta visión permite visibilizar la importancia de la participación social, la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos. Las personas en situación de discapacidad enfrentan, además, otras formas de desigualdad, como el género, la clase social, la orientación sexual, la raza y la edad. En Chile, las mujeres y las personas mayores tienen mayores índices de discapacidad, vinculados a la pobreza, la vulnerabilidad y menores oportunidades laborales y educativas.
Asimismo, las personas de pueblos originarios, especialmente en áreas rurales, siguen enfrentando una gran falta de acceso a servicios de rehabilitación y derechos fundamentales. Además, las personas con dependencia severa son mayormente cuidadas por mujeres, lo que genera una carga desproporcionada en ellas.
Desde la terapia ocupacional, se aboga por un cambio de enfoque hacia la inclusión y participación social, promoviendo que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones sobre sus vidas y desempeñar roles activos en sus comunidades. Esto implica crear entornos inclusivos y reconocer las necesidades de este colectivo. Un desarrollo social sostenible debe incluir a todos, valorando la diversidad como un elemento fundamental para una sociedad más justa e igualitaria.
