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Abogado de diputada Karol Cariola asegura que defensa cuenta con «nuevos y contundentes antecedentes» y confirma que denuncia ante la CIDH continúa en curso

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

En el marco de la audiencia de cautela de garantías realizada este jueves en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el abogado de la diputada Karol Cariola, Juan Carlos Manríquez, aclaró que la defensa no ha legitimado las diligencias realizadas durante un “allanamiento imprudente y a su vez violatorio de sus derechos”.

“Ante distintas versiones, imprecisas y confusas, vertidas con posterioridad a la audiencia de cautela de garantías, incluso por los fiscales a cargo de la investigación, es estrictamente indispensable aclarar a la opinión pública y a los medios, que de manera alguna la defensa de la señora Cariola ha validado las diligencias”, señaló Manríquez quien agregó que “esas cuestiones emanan de informes policiales que se siguen manteniendo, incompletos, erróneos y contradictorios”.

Esto tras el retiro por parte de la defensa de la diputada Cariola del recurso de nulidad, decisión que de acuerdo con el abogado responde a una estrategia que busca agilizar el proceso judicial y “concentrarnos derechamente en el fondo. Estamos convencidos que no existen elementos ni antecedentes serios para acreditar ninguna parte o componente de un delito de tráfico de influencias, de cohecho o de negociación incompatible”.

Además añadió que cuentan con “nuevos y contundentes antecedentes que permiten establecer que en el origen de donde se encuentran las conjeturas que dan para abrir esta nueva causa, esto es en Sierra Bella, faltaban autorizaciones judiciales para trasladar la evidencia”

Asimismo, recalcó que “se mantienen los elementos afirmados en informes policiales deficientes, inconexos y poco claros que han confundido incluso hasta el día de hoy a los jueces y a la opinión pública al decir que dos personas son una sola o que tales o cuales acciones son en contraprestación o pago de favores previos. En esa línea, precisó que “un análisis detallado y estricto ya fue presentado ante los tribunales y estos ya han percibido que en esa línea de argumentación la fiscalía no tiene un caso”.

“Estamos absolutamente claros que aportes de campaña no hay, ni anteriores ni posteriores, en el caso de la señora Cariola. Vamos a aportar todos los antecedentes que en esa materia se requieran”, indicó Manríquez.

La defensa de la diputada Cariola reiteró que “lo que se está haciendo, es dar cuenta que la conjetura inicial, respecto a que se trataría de un tráfico de influencias, una negociación incompatible, un cohecho no tiene sustento ni cabida”.

Finalmente, el abogado penalista aclaró que “ninguna de estas acciones que son repliegues tácticos, reitero, propios de este tipo de proceso, perjudican ni afectan en nada nuestros reclamos iniciales y nuestras presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todas las cuales siguen en curso”.

Defensa de diputada Cariola cuestiona dichos de fiscal Cooper: «resolución del tribunal reconoce que derechos fueron afectados en la diligencia”

El abogado de la diputada Karol Cariola, Juan Carlos Manríquez, calificó como “extremadamente preocupantes” las declaraciones del Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que tienen relación a lo resuelto por el magistrado Mario Cayul en la audiencia de cautela de garantías realizada este jueves 13 de marzo.

El fiscal Cooper indicó que las determinaciones del tribunal “validan que no hubo ningún error en la incautación”, calificandolo como un éxito para el Ministerio Público. Sin embargo, el defensor de la diputada Cariola indicó que con estas declaraciones el persecutor “está adelantándose a desobedecer una orden expresa de un Tribunal de la República. Si un fiscal regional confiesa un desacato antes siquiera de cumplir la orden, es excesivamente peligroso para el Estado de Derecho en Chile”.

En ese sentido, el abogado penalista afirmó que “la cautela de garantías fue acogida sin oposición de la Fiscalía, esto es, él estuvo de acuerdo en que, como dice el artículo 10 del Código Procesal Penal chileno, los derechos del imputado fueron gravemente afectados. Esa es la única verdad que el señor Cooper tiene que reconocer en esto”.

En esa misma línea, para Manríquez resulta evidente que “la resolución de la cautela de garantías dice expresamente que en conjunto con la defensa tiene que revisarse la evidencia”. “Si ahora el fiscal regional quiere dejar sin efecto lo que estuvo de acuerdo ante un tribunal, entonces ha perdido toda objetividad y debe salir de la causa”, aseguró.

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