En múltiples ocasiones hemos hablado de las implicancias que tiene la violencia escolar en la vida adulta de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Riñas, agresiones verbales, acoso, ciberacoso, bullying, exclusión y otros, son diferentes expresiones de un conjunto de actos que se enmarcan en lo que llamamos violencia escolar o incidentes críticos de convivencia, los que con estrategias y metodologías de implementación logran mitigarse y abordarse de maneras preventivas, pedagógicas y psicosociales.
No obstante, hay situaciones que dejan de ser un incidente escolar y cobran el carácter de delito. Y en este marco, debe ser analizado el maltrato a los y las docentes, tal y como lo resolvió en octubre del 2024 la justicia cuando condeno a dos años de internación en régimen semicerrado al estudiante BARB por su agresión en contra del docente Miguel José Niño Ríos del Liceo Centro Educacional San Ramón.
Este tipo de hechos que son aislados, pero que lamentablemente se están volviendo recurrentes, no pueden quedar en la sanción escolar de una suspensión de matrícula o un cambio de establecimiento, porque la señal entregada es de permisividad a una práctica delictual dentro de un estado de derecho y en democracia.
Agredir a otro u otra, aprovechando una situación de desventaja y dejándole daños físicos, sean estos graves o no, en un contexto laboral como el que posee un docente víctima de la agresión de un estudiante, es vulnerar la seguridad mínima que todos tenemos derecho a tener en nuestro lugar de trabajo. Por ello, las condiciones que deben proteger a los y las profesoras debe instruir una denuncia formal en los juzgados como parte del protocolo del reglamento escolar. Ya han ocurrido situaciones complejas con agresiones delictivas como la bencina lanzada al director del Liceo Lastarria en Providencia en mayo del 2024 y hoy el ataque con un palo de escobillón a la docente y colega Elena Caro Ramírez, del Liceo Bicentenario de Excelencia de Trehuaco en la Región de Ñuble. Un hecho que vuelve a cubrir la educación y sus logros con el velo de la violencia juvenil, que no representa a un modo de desarrollo social de una determinada comunidad escolar, pero que, sin embargo, la empañan con esta acción.
Lamentablemente, las comunidades que presencian este tipo de actos sufren una afectación y vulneración que no es fácil de resolver, ya que requieren de un apoyo y trabajo multidisciplinario para recomponer un aspecto tan básico como la seguridad en la escuela para todos sus miembros, mejorar las confianzas entre estamentos y sobre todo generar espacios de trabajo conjunto con apoderados/as, estudiantes y docentes, por lo que se requiere un apoyo interdisciplinario, junto con una investigación a lo sucedido desde la Superintendencia de Educación en este tipo de casos.
Ante esto es importante realizar labores preventivas no sólo intraescuela, sino también interescuela e intersectorial, donde un ejemplo a destacar es la Mesa de Seguridad Escolar de Chiguayante, que se realiza mensualmente en el Colegio Aurora de Chile, y donde participamos Colegios de la comuna (públicos, particulares subvencionados y particulares pagados), Carabineros, Senda, Universidad Andrés Bello y la Dirección de Seguridad Ciudadana, Emergencia y Protección Civil de la Municipalidad de Chiguayante.
Quienes somos docentes sabemos lo que significa el buen trato y la relación con nuestros estudiantes, padres y apoderados/as y colegas, por lo que el quiebre que eso significa cuando hay una agresión es mucho más profundo que las heridas físicas que deja. Esperamos que la colega Elena tenga una pronta y favorable recuperación.
