Según el Ministerio de Salud, más de 20.000 personas en Chile viven con enfermedades inflamatorias intestinales (EII), tales como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Estas patologías crónicas afectan principalmente el intestino, pero pueden tener manifestaciones en otros órganos, generando un alto impacto en la calidad de vida de quienes las padecen.
En muchos casos, los pacientes pueden tardar meses o incluso años en recibir un diagnóstico certero, lo que favorece el avance silencioso de la enfermedad y puede provocar daño intestinal irreversible. Se requieren medidas para reducir estos tiempos y facilitar el acceso a pruebas diagnósticas desde niveles primarios de atención.
Las señales tempranas más comunes de las EII incluyen diarrea persistente, dolor abdominal, sangre en las heces, pérdida de peso y fatiga. Es fundamental que los profesionales de atención primaria reconozcan estos síntomas para una derivación oportuna a especialistas. El Dr. Lubascher comenta que: “la presentación clínica puede confundirse con otras patologías gastrointestinales, como el síndrome de intestino irritable o infecciones intestinales, lo que retrasa el diagnóstico y, por ende, el inicio del tratamiento. Para mejorar la detección de las EII y evitar complicaciones mayores, es fundamental que médicos generales y equipos de urgencia estén familiarizados con estas enfermedades, ya que, por sus características clínicas, la detección y derivación temprana suele ser compleja”.
Un diagnóstico temprano permite no solo iniciar el tratamiento oportuno, sino también establecer la severidad de la enfermedad y definir un plan de tratamiento integral y seguimiento. Actualmente, cerca de 3.600 personas están recibiendo terapias biológicas en el marco de la Ley Ricarte Soto (LRS). Sin embargo, según la Agrupación Chilena de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa entre un 20% y 30% de los pacientes no responden adecuadamente a estas terapias iniciales, y entre un 10% y 20% pierde respuesta con el tiempo, lo que evidencia la necesidad de realizar ajustes o cambios de tratamiento que actualmente no están contemplados en la Ley. Cabe destacar que el promedio de edad de los pacientes es de 39 años, por lo que muchas veces la falta de respuesta genera hospitalizaciones periódicas y la exclusión de la fuerza laboral, impactando en la productividad de la persona y su grupo familiar, además de la carga que supone sobre el sistema de salud.
