Este 22 de abril conmemoramos el 55º aniversario del Día Mundial de la Tierra bajo un lema tan inspirador como desafiante: «Nuestro poder, nuestro planeta». Un recordatorio urgente de que contamos con las herramientas —tecnológicas, humanas y políticas— para transformar radicalmente nuestro modelo energético. Sin embargo, la pregunta clave es: ¿las estamos usando con la determinación y la escala que la crisis climática exige?
La campaña 2025 de EARTHDAY.ORG pone sobre la mesa una meta ambiciosa: triplicar la generación mundial de energías renovables para 2030. No se trata solo de una cifra, sino de un giro decisivo que podría marcar la diferencia entre un futuro sostenible y uno cada vez más inviable. Alcanzar ese objetivo requerirá mucho más que voluntad; demandará coordinación global, inversiones audaces y la eliminación de barreras estructurales que aún frenan el avance de las energías limpias.
Hoy, unos 49 países logran generar más de la mitad de su electricidad a partir de fuentes renovables como la solar, eólica, hidroeléctrica o geotérmica. Esta estadística, si bien alentadora, también revela la magnitud del desafío: la mayoría del planeta sigue anclada en combustibles fósiles que profundizan el calentamiento global.
En América Latina, Uruguay y Costa Rica se han consolidado como referentes en la transición energética, demostrando que es posible avanzar con decisión. Pero el camino no es lineal. En muchos países de la región persisten obstáculos como marcos regulatorios ineficientes, falta de incentivos claros para la inversión y una excesiva dependencia de modelos extractivistas que contradicen los discursos climáticos.
Es fundamental comprender que la transición energética no es solo una necesidad ambiental, sino también una oportunidad económica y social. Invertir en energías limpias puede generar empleos de calidad, reducir la contaminación del aire y, sobre todo, fortalecer la resiliencia de comunidades que ya viven en carne propia los efectos del cambio climático. Pero para que esto ocurra, debe garantizarse que los beneficios lleguen a todos, especialmente a los sectores históricamente más vulnerables.
El compromiso debe ser transversal: gobiernos, sector privado y ciudadanía. Los Estados deben crear políticas públicas que incentiven la inversión en infraestructuras verdes y fomenten la innovación. Las empresas pueden liderar desde la acción concreta, asumiendo un rol más protagónico en la reducción de emisiones. Y nosotros, como sociedad civil, debemos ejercer nuestro poder desde la acción cotidiana y la exigencia activa de responsabilidad a todos los niveles.
El Día de la Tierra no puede ser solo una fecha simbólica. Debe ser una alerta colectiva. El poder para cambiar el rumbo ya lo tenemos. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a ejercerlo con la urgencia y convicción que este momento histórico nos exige.
